Tegucigalpa, Honduras. – La audiencia de declaración de imputado contra el expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II abrió un nuevo frente de tensión, esta vez entre el exmandatario y la Procuraduría General de la República (PGR).
El titular de la PGR, Dagoberto Aspra, denunció que Hernández amenazó a representantes de la institución durante la diligencia judicial, luego de que los procuradores respaldaran la solicitud de detención judicial planteada inicialmente por el Ministerio Público.
Aspra afirmó que no volverá a exponer a sus colaboradores ante ese tipo de situaciones y anunció que será él quien comparezca directamente en la audiencia inicial programada para el próximo 12 de agosto.
Según el funcionario, los procuradores que participaron en la audiencia le informaron que Hernández dirigió expresiones intimidatorias contra el coordinador del área penal de la PGR.
“Le dijo: ‘Mírame los ojos, a vos te estoy hablando, a vos te voy a dar una lección’ y al retirarse les dijo que se cuidaran”, manifestó Aspra, quien aseguró que el hecho ocurrió frente a numerosos testigos.
El procurador calificó esas expresiones como amenazas y sostuvo que los abogados de la institución son profesionales jóvenes a quienes no pretende volver a exponer.
“Voy a ver si este señor tiene el valor de amenazarme a mí, así como amenazó a mis procuradores”, expresó.
Aspra también respondió a los señalamientos hechos por el expresidente contra la actuación de la PGR y rechazó que exista una persecución política en su contra.
Aseguró que la Procuraduría únicamente cumple su mandato constitucional de defender los intereses patrimoniales del Estado.
“Él cree todavía que tiene una posición de poder y que todas las personas tienen que doblegarse a sus posiciones. Pero yo no le tengo miedo”, declaró.
El funcionario explicó que la PGR respaldó la solicitud de detención judicial porque considera que Hernández mantiene suficiente influencia para afectar el desarrollo de la investigación.
A su criterio, la posición de poder que el exgobernante ocupó durante más de dos décadas representa un riesgo para el proceso penal, especialmente por la posible contaminación de pruebas, influencia sobre testigos o afectación de las diligencias pendientes.
Por esa razón, sostuvo que la medida cautelar más adecuada era mantenerlo bajo detención mientras se desarrollaba la audiencia inicial.
Aspra recordó que ese criterio también fue sostenido originalmente por el Ministerio Público, aunque manifestó preocupación por lo que consideró un cambio de postura durante la audiencia.
El procurador indicó que la mayor parte de la carga probatoria corresponde a la Fiscalía, por lo que espera que en la audiencia inicial se presenten peritajes y demás evidencias que respalden la acusación.
La imputación contra Juan Orlando Hernández sostiene que 62 millones de lempiras habrían sido canalizados mediante fundaciones hasta llegar a sus movimientos políticos.
“Yo represento a la víctima. A la víctima le sacaron 62 millones de lempiras y nuestro interés es recuperar ese dinero porque hubo un daño patrimonial al Estado”, expresó Aspra.
El titular de la PGR también aseguró que la responsabilidad atribuida al expresidente es distinta a la de otros procesados en Pandora I y Pandora II, incluido el expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Según explicó, en el caso de Hernández la acusación sostiene que los recursos llegaron directamente a estructuras políticas bajo su control.
El señalamiento de la PGR agrega un nuevo elemento al proceso contra el exmandatario, que deberá continuar en la audiencia inicial del 12 de agosto, donde el Ministerio Público tendrá que sostener la acusación y el juez deberá resolver el rumbo judicial del caso.
