Tegucigalpa, M.D.C., Honduras. — El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, afirmó este sábado que los diputados del Congreso Nacional serán los encargados de dictaminar y aprobar la nueva Ley Antisoborno, una iniciativa que busca promover transparencia y combatir la corrupción en las compras públicas del Estado.
Aspra explicó que la propuesta fue elaborada en conjunto con el Consejo Nacional de Anticorrupción (CNA) y la Secretaría de Finanzas, tomando como modelo sistemas exitosos de países como Chile y República Dominicana. La principal novedad es la transformación de la actual Oficina Normativa de Compras y Contrataciones del Estado en una Agencia Reguladora de Compras del Estado (ARCE), adscrita a Finanzas y con énfasis en compras electrónicas.
“Eso nos va a dar certeza y transparencia en que las operaciones no van a poder ser trastocadas por el material humano”, destacó el procurador, al señalar que la agencia impulsará un portal interactivo en tiempo real, un sistema centralizado de compras, compradores certificados, proveedores certificados y un catálogo de productos.
Además, la ley incluirá la obligatoriedad de que los proveedores cuenten con un sistema de cumplimiento antisoborno certificado bajo la norma ISO 37001. “Si no lo tiene, no va a poder ser contratista del Estado”, aseguró Aspra. Con estas medidas, se evaluarán posibles conflictos de interés, vínculos con personas políticamente expuestas o negociaciones incompatibles, para admitir o rechazar a personas naturales o jurídicas como proveedores del Estado.
El procurador enfatizó que estas reformas forman parte de la agenda anticorrupción del gobierno actual, con el objetivo de materializar acciones concretas que mejoren la percepción ciudadana de lucha contra la corrupción.
En otro tema, Aspra se refirió a la reunión sostenida la semana pasada con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, donde presentaron una denuncia contra jueces y jurisdicciones de alto riesgo —principalmente en Tegucigalpa, Choluteca, Juticalpa y La Ceiba— que han generado procesos perjudiciales para las finanzas públicas.
“Vemos con buenos ojos que han tomado con seriedad y profesionalismo la denuncia. Ya se incentivó a la supervisión nacional para que investigue a estos jueces, porque la mayor carga de demandas viene de esas jurisdicciones”, indicó.
Sin embargo, expresó dudas sobre el desenlace: “Esperaríamos ver qué es lo que hace al final el Ministerio Público, porque él es el que tendría que tomar las acciones finales y eso ahí sí ya nos genera alguna duda”.
Aspra reiteró su sorpresa al constatar que “todas las demandas ya estaban haciendo fila en las arcas del Estado para materializar los embargos”, lo que evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el sistema judicial y de contrataciones públicas.
