Tegucigalpa – Un nuevo caso de delito ambiental salió a la luz este martes cuando la Procuraduría General de la República (PGR) anunció formalmente la presentación de un requerimiento judicial contra una persona señalada como responsable de un incendio forestal en las proximidades de la capital.
La acción legal se produce tras una rápida intervención de la Dirección General del Ambiente de la PGR, cuyos equipos técnicos se movilizaron inmediatamente al recibir reportes sobre el siniestro. Esta respuesta oportuna no solo permitió controlar la emergencia, sino también recopilar evidencia crucial para sustentar el proceso judicial contra el presunto responsable.
De acuerdo con lo informado por la PGR, el implicado podría enfrentar una condena de entre 6 y 10 años de prisión conforme a la legislación vigente en materia ambiental. La situación se agrava considerablemente para el acusado si se determina reincidencia en este tipo de delitos, pues la pena podría extenderse hasta los 15 años de encarcelamiento.
«Los delitos contra el medio ambiente representan un atentado contra el patrimonio natural del país y la salud pública, por lo que son tratados con la máxima severidad por nuestro sistema judicial», señaló la institución en su comunicado oficial.
Un elemento que añade complejidad al caso es el hallazgo realizado durante la inspección técnica en el área afectada. Los especialistas de la PGR detectaron indicios de actividades irregulares que apuntan a una posible lotificación en la zona siniestrada, realizada sin contar con los permisos legales correspondientes.
Esta circunstancia sugiere que el incendio podría no haber sido un hecho aislado, sino parte de un esquema más amplio para transformar ilegalmente terrenos forestales en lotes habitacionales, una práctica que causa grave daño ambiental y viola múltiples regulaciones sobre uso de suelo y conservación de recursos naturales.
La PGR informó que toda la documentación y evidencia relacionada con estas actividades irregulares será compilada en un detallado informe que se remitirá oficialmente a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), entidad que tiene competencia directa sobre estos asuntos.
Este intercambio de información forma parte de los protocolos de coordinación interinstitucional establecidos para abordar de manera integral los delitos ambientales, especialmente aquellos que involucran múltiples infracciones a diferentes normativas.
El requerimiento judicial interpuesto constituye una solicitud formal presentada ante un tribunal competente, mediante la cual la PGR solicita que el presunto responsable comparezca ante la justicia para responder por los hechos que se le imputan.
Este mecanismo legal representa el inicio de un proceso judicial que buscará establecer responsabilidades específicas y aplicar las sanciones correspondientes, defendiendo tanto el interés del Estado como los derechos colectivos a un medio ambiente sano.
Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa en áreas forestales, recordando que la prevención y el reporte oportuno de incendios y lotificaciones ilegales son fundamentales para proteger los recursos naturales del país.
