Tegucigalpa – El proyecto de Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2023 que se apresta a aprobar en el Congreso Nacional, ha generado múltiples cuestionamientos, ya que contempla dar un “cheque en blanco” a los ministros y funcionarios para que realicen compras directas.
Esa disposición se realizará bajo un mecanismo especial, sin autorización de la presidenta de la República, Xiomara Castro.
La inquietud se despertó sobre el artículo 289 del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2023.
El artículo limita las facultades y responsabilidades de la Presidencia para autorizar compras directas.
Con ello faculta a las secretarías de Estado e instituciones centralizadas y descentralizadas, a utilizar un procedimiento de compras directas.
Ante esa propuesta, la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, pidió al Congreso Nacional la eliminación de los artículos 289, 290 y 291 de las disposiciones generales del Presupuesto General y que se encuentran en el capítulo XX.
Esto por contravenir varias disposiciones constitucionales, de la Ley de Contratación del Estado, así como del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (RD-CAFTA).
En ese sentido, en un escrito de esa secretaría, referente a lo estipulado en el proyecto del presupuesto que eliminaría la obligación de los ministerios de realizar la contratación de bienes y servicios del gobierno vía licitaciones y concursos, dejando vía libre a la contratación directa.
El referido documento destaca que lo pedido por el gobierno, al enviar el proyecto de presupuesto al Congreso Nacional, viola el artículo 360 de la Constitución de la República, que establece que el Estado debe realizar los procesos de compra mediante licitaciones.
Asimismo, señala que la única excepción permitida por las leyes es cuando existan “emergencias y los que por su naturaleza solo puedan celebrarse con persona determinada” y el artículo 9.5 del Cafta que regula los plazos para presentar las ofertas.
También destaca que la Ley de Contratación del Estado ya establece los supuestos en que se pueden realizar compras directas.
La opinión legal de la Secretaría de Transparencia destaca que el artículo 290 del proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos “es totalmente contrario a las disposiciones legales ya establecidas” y que son de obligatorio cumplimiento de parte de las instituciones.
