Tegucigalpa, Honduras. – El pleno de la Corte Suprema de Justicia otorgó 60 días a comisión integrada por siete magistrados para remitir al Congreso Nacional el proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura, informó el magistrado Nelson Mairena tras sesión donde se conformaron tres comisiones para implementar el decreto 10-2026 que devuelve facultades administrativas al órgano colegiado quitándoselas a la presidenta Rebeca Obando.
Mairena detalló que una comisión será encargada de los nombramientos, otra disciplinaria y una tercera para preparar el proyecto de ley que restaurará el Consejo de la Judicatura —órgano de gobierno judicial cuya ley fue declarada inconstitucional en 2011— estableciendo solución definitiva versus régimen provisional que concentró poder en la presidencia durante 15 años.
El decreto 10-2026 deroga la centralización de poderes que, según el Legislativo, había vulnerado el principio de colegialidad y quebrantaba la igualdad jerárquica entre magistrados, favoreciendo un régimen que debilitó los controles internos del tribunal según denunciaron nueve magistrados que previamente exhortaron eliminar discrecionalidad de Obando.
Para las facultades disciplinarias y despidos, el pleno de la CSJ debe aprobar un mecanismo para que al menos tres magistrados propietarios conozcan dichos procedimientos garantizando el derecho de defensa y el debido proceso, estableciendo control colegiado versus decisión unilateral de la presidenta que generaba vulnerabilidad a presiones políticas.
Las facultades administrativas las ejercerá la Presidencia de la CSJ previo aprobación del Plan Operativo Anual (POA) por el pleno, con rendición de informes trimestrales, limitando discrecionalidad de Obando quien deberá someter a votación de los 15 magistrados las decisiones administrativas estratégicas que anteriormente tomaba unilateralmente.
El decreto reforma el artículo tres del decreto legislativo 282-2010 que establece la facultad de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y permutar jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo del Poder Judicial, funciones que ahora requieren aprobación colegiada versus autorización exclusiva de la presidenta.
El plazo de 60 días para elaborar proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura evidencia urgencia del Congreso por establecer solución definitiva al modelo de gobierno judicial, considerando que Obando había solicitado suspender debate de la reforma pidiendo mesa técnica que prolongaría indefinidamente la discusión mediante dilación institucional.
