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Poder Judicial dicta sobreseimiento definitivo para Gabriel Rubí y Nery Cerrato por caso “carpas móviles”

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Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción confirmó este lunes el sobreseimiento definitivo que deja en libertad al extitular de Copeco, Gabriel Rubí, y el ex viceministro de Salud, Nery Cerrato, quienes fueron acusados por los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos en el caso de «carpas móviles».

La resolución a favor de los exfuncionarios hondureños se produjo luego que esta Corte de Apelaciones declarara sin lugar un recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público el pasado 7 de diciembre de 2022 contra el sobreseimiento declarado por esa instancia.

La Fiscalía hondureña indicó que esos sobreseimientos a favor de Rubí y Cerrato el 2 de diciembre de 2022, fueron «erróneos, injustos e irracionales», puesto que «tergiversa la verdad de los hechos, carece de análisis, interpretación y valoración de las pruebas».

Asimismo, el Ministerio Público indicó que la resolución causó «agravios a la correcta administración de la justicia» por lo que la Fiscalía Especial de Impugnaciones solicitó su enmienda por medio del recurso de reposición.

Rubí, extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) estaba acusado junto al ex viceministro de Salud por la supuesta compra fraudulenta de una carpa móvil para la atención de pacientes de Covid-19 en Villanueva, Cortés, norte de Honduras en 2020.

En la compra, según la denuncia del Ministerio Público, se erogaron más de cinco millones de lempiras y solo se obtuvo una carpa que no cumplía los requisitos mínimos para atender pacientes contagiados de la enfermedad.

De acuerdo con el Ministerio Público, el 28 de febrero de 2020 Nery Cerrato y Gabriel Rubí solicitaron la adquisición de los artefactos «alterando documentación y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales».

Todo ello, según la Fiscalía, en un tiempo récord de dos días, con el fin de coludirse para defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa que entregó toldos y camillas de campamento.

El total del monto erogado fue transferido en tres movimientos: un adelanto el 2 de marzo de 33 mil 502.97 dólares (820 mil 799 lempiras).

Siete días después, un pago de 78 mil 173.61 dólares (un millón 915 mil 238 lempiras); y una última el 17 de marzo de 2020 por 111 mil 676.58 dólares (dos millones 736 mil 62 lempiras).

Además, se acreditó que el proyecto se instaló en un campo de fútbol inundable, sin estudios topográficos y sin la capacidad de contar con equipo médico tecnológico para el tratamiento de enfermedades pulmonares.

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