Tegucigalpa, Honduras. — El Poder Judicial de Honduras ordenó este jueves el inicio de una investigación de oficio para revisar las actuaciones procesales en el caso penal contra Yosary Jasmin Valle Aguilar, ciudadana acusada del delito de asesinato en perjuicio de Germán Antonio Domínguez, Oscar Miguel Domínguez y María Fernanda Pascual. La instrucción fue girada por la Presidencia del Poder Judicial a la Supervisión General, con el objetivo de inspeccionar posibles incidencias en el manejo del proceso judicial.
La medida responde directamente a la resolución de sobreseimiento provisional emitida a favor de Valle Aguilar, hija de Arnulfo Valle, quien fue dejada en libertad tras argumentarse la falta de pruebas. El juez que llevó la causa determinó que no existían elementos suficientes para mantener la acusación, luego de que un perito clave no se presentara a rendir declaración ni a aportar los audios que servían como sustento probatorio.
Según el comunicado oficial, la investigación busca determinar si las actuaciones se realizaron conforme al marco legal vigente, así como garantizar que no se hayan cometido irregularidades que afecten el debido proceso, la correcta administración de justicia y los derechos de las partes involucradas. No se trata de revocar la decisión judicial, sino de verificar que todos los trámites se ejecutaron con apego a la ley.
El hecho que dio origen al proceso judicial ocurrió el 6 de septiembre de 2016 en la ciudad de Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras. En aquella ocasión, tres personas fueron asesinadas, y Valle Aguilar fue señalada como presunta implicada. La joven fue detenida recientemente en Guatemala, donde residía bajo otra identidad, y extraditada a Honduras para enfrentar el proceso que ahora culmina temporalmente con el sobreseimiento.
El Poder Judicial subrayó que la investigación interna no busca anticipar juicios ni presionar a los operadores de justicia, sino asegurar la transparencia en un caso que ha generado atención pública por los nombres involucrados y por las circunstancias de la resolución. Mientras la Supervisión General realiza las diligencias correspondientes, la resolución de sobreseimiento se mantiene vigente: si el Ministerio Público no aporta nuevos elementos en un plazo de cinco años, la medida podría convertirse en definitiva.
Para las familias de las víctimas de 2016, la noticia reabre interrogantes sobre el rumbo del caso. Para la defensa de Valle Aguilar, representa el cierre de un capítulo marcado por la falta de pruebas. Y para el sistema de justicia hondureño, constituye una oportunidad para demostrar que las decisiones judiciales pueden ser revisadas con rigor, sin comprometer la independencia de los jueces ni los derechos de las personas procesadas.
