Tegucigalpa – El fin de semana en Honduras estuvo marcado por intensas reacciones en torno a las decisiones de la presidenta Xiomara Castro.
Por un lado, su sanción al decreto que incorpora al país a la Corporación Andina de Fomento (CAF) sin la aprobación del Congreso Nacional generó duras críticas de la oposición y diversos sectores.
La oposición cuestionó esta acción como una interpretación depravada de la ley y un abuso de autoridad, acusando al gobierno de actuar de forma autoritaria y atentar contra la democracia.
Voces como la de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) señalaron que el Congreso Nacional parece no tener voz ni voto, convirtiéndose en un instrumento para los intereses del Ejecutivo.
El designado presidencial, Salvador Nasralla, también hizo eco de las críticas, advirtiendo que si el pleno no actúa con prontitud, podrían aprobar la Constituyente, lo que añade más tensión al ambiente político.
No obstante, para sorpresa de algunos y como una forma de calmar la situación, la presidenta anunció al día siguiente que vetaría la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente.
Esta decisión fue bien recibida por congresistas y movimientos que se mostraron en contra de la normativa, así como grupos religiosos. Consideraron que el veto muestra la disposición de escuchar al pueblo y construir consensos para un mejor país.
Así, desde el Ejecutivo, trataron de manejar hábilmente el escenario político, primero lanzando el tema de la adhesión a la CAF, y luego atendiendo a las demandas de la población conservadora mediante el veto a la ley de prevención al embarazo adolescente.
Estas polémicas decisiones marcarán el rumbo de la administración de Xiomara Castro y el debate político en el país en los próximos días. La relación con el Congreso Nacional y los diversos sectores de la sociedad será clave para la estabilidad y el avance de la nación hondureña.
