Choloma, Cortés.— La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) desarticuló una sofisticada red de lavado de activos que operaba desde el municipio de Choloma, ejecutando cinco allanamientos coordinados que revelaron un esquema criminal que blanqueaba «miles de millones de lempiras» utilizando tiendas de teléfonos celulares como fachada empresarial.
El operativo, desarrollado con acompañamiento de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), se ejecutó en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) del Ministerio Público, evidenciando la complejidad institucional requerida para combatir esta modalidad delictiva.
Las investigaciones determinaron que la célula criminal había establecido «tiendas dedicadas a la venta de teléfonos celulares» como negocio aparentemente lícito para encubrir operaciones de blanqueo de capitales, logrando asegurar «cuentas bancarias con más de mil millones de lempiras producto de la extorsión y el lavado de activos contra los comerciantes y transportistas del Valle de Sula».
Los investigadores revelaron la «sofisticada modalidad utilizada para cometer la extorsión y el lavado», donde los clientes adquirían aparatos telefónicos en las tiendas, momento en que «los encargados de la tienda, de manera fraudulenta, creaban inmediatamente una cuenta de billetera electrónica (Tigo Money) asociada al nuevo aparato».
La metodología criminal consistía en que «estos criminales utilizaban esa nueva cuenta, registrada a nombre del cliente inocente, para realizar llamadas y mensajes de extorsión a otras víctimas», permitiendo que «la célula lograba desviar la atención de las autoridades, utilizando los datos de clientes como escudo para blanquear el dinero de la extorsión».
El esquema representaba una innovación criminal significativa al combinar comercio legítimo, tecnología financiera digital y identidades de terceros inocentes para crear un sistema de lavado de activos prácticamente indetectable mediante métodos tradicionales de investigación financiera.
Las autoridades caracterizaron este aseguramiento como «un significativo avance en la lucha contra el crimen organizado en la zona norte, neutralizando un mecanismo clave para la financiación de estructuras criminales», mientras la Oficina Administradora de Bienes (OABI) asumirá «la responsabilidad del aseguramiento de todos los bienes procedentes de estos ilícitos».
Los investigadores destacaron que se logró desarticular «una de las metodologías de lavado más complejas y encubiertas detectadas en la región», evidenciando la evolución de las estructuras criminales hacia modalidades que explotan las vulnerabilidades de los sistemas financieros digitales y la confianza de consumidores legítimos.
El operativo representa un precedente significativo en la detección de esquemas de lavado de activos que utilizan negocios legítimos y tecnología financiera como vehículos para blanquear recursos procedentes de actividades extorsivas, estableciendo nuevos parámetros para la investigación de crimen organizado en Honduras.
