Tegucigalpa, Honduras. – La investigación por la muerte violenta de Waldina Mejía Valle, integrante de la Fuerza Naval de Honduras, tomó un nuevo rumbo luego de que la Policía Nacional identificara a una funcionaria activa de la institución como persona de interés en el caso.
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona, informó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) avanzó en las diligencias y estableció que la agente policial habría sido la última persona en tener contacto con la víctima antes de que fuera encontrada herida de bala.
Según la información preliminar, la funcionaria llegó en motocicleta a la base naval alrededor de las 5:00 de la tarde del lunes 31 de agosto para recoger a Mejía Valle. Horas después, la joven fue localizada con heridas de bala y atendida por una ambulancia del Cuerpo de Bomberos.
“Algo sucedió entre la hora en que la recogió en la base naval, 5 de la tarde aproximadamente, y la hora en que a ella se le atendió por parte de la ambulancia”, explicó Barahona.
El caso había sido relacionado inicialmente con un supuesto robo de motocicleta. Sin embargo, la Policía descartó esa línea de investigación.
Barahona señaló que los agentes revisaron videos de las cámaras de seguridad de la base naval, en los que se observa la llegada de la motocicleta en la que la víctima fue recogida. Además, indicó que no hubo reportes de robo de motocicleta esa noche ni al día siguiente.
Con base en entrevistas, peritajes y revisión de videovigilancia, los investigadores orientaron el caso hacia la posible participación de la funcionaria policial, aunque las autoridades aclararon que por ahora no ha sido declarada responsable penalmente.
Debido a que la persona señalada como interés investigativo pertenece activamente a la carrera policial, la Dirección General de la Policía Nacional solicitó al Ministerio Público remitir el expediente a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el propósito de garantizar independencia y transparencia en las diligencias.
El portavoz explicó que la funcionaria fue requerida inicialmente para fines investigativos, pero luego quedó en libertad porque en ese momento no existían elementos técnicos y científicos suficientes para vincularla directamente con el crimen.
Ahora corresponderá a la ATIC profundizar la investigación y determinar si existen pruebas que establezcan responsabilidad penal.
Barahona insistió en que la agente es actualmente una persona de interés dentro del expediente, no una persona condenada ni declarada culpable, por lo que su eventual participación deberá ser acreditada mediante pruebas científicas, técnicas y testimoniales.
