Tegucigalpa, Honduras.— La seguridad pública no puede resolverse solo con detenciones. Con esa premisa, el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, manifestó este viernes que la criminalidad en Honduras debe abordarse como un problema de país y no solo como una responsabilidad policial, tras el reciente informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) que señala un aumento del 5% en la Tasa de Homicidios.
Barahona aclaró que, si bien la Policía actúa cuando alguien quebranta la ley, el origen del comportamiento delictivo requiere un enfoque social con especialistas que permitan conocer qué factores intervienen en el ciudadano que reacciona de «manera violenta» en el territorio.
«Este informe que hace la Asociación para una Sociedad Más Justa nos indica que el tema de la criminalidad es un problema de país, no es un problema que le atañe solamente a la Policía Nacional, porque nosotros actuamos como institución cuando alguien quebranta la ley, cuando alguien es señalado como responsable de haber cometido un delito», expuso el funcionario.
La Secretaría de Seguridad plantea cuatro ejes focalizados para el abordaje de la violencia, entre los que destaca la «reducción de muertes violentas» con especial énfasis en los casos que afectan directamente a las mujeres. Un enfoque que busca priorizar la protección de los grupos más vulnerables frente a la escalada de agresiones.
Al respecto, Barahona explicó que las investigaciones han revelado que detrás de los hechos violentos existe siempre alguna «vinculación de estructuras criminales» u organizaciones delictivas que motivan la comisión de delitos a medida que los elementos salen a la luz pública.
Una dinámica que, según su versión, obliga a las autoridades a mirar más allá del hecho puntual para desarticular las redes que lo hacen posible.
El portavoz manifestó que, aunque existen casos derivados de la delincuencia común como robos de pertenencias, la Policía Nacional ha logrado dar una respuesta con personas detenidas y casos judicializados en coordinación con otras instituciones operadoras de justicia.
Indicó que el informe de ASJ involucra a otros actores como el Ministerio Público y el Poder Judicial para «deducir responsabilidades» a quienes se involucren en actividades delictivas dentro del marco de los objetivos estratégicos de seguridad.
«Y en el marco de estos objetivos, como les comentaba, de parte de la Secretaría de Seguridad, en cuanto a la contracción de los homicidios en Honduras, la reducción de las muertes violentas de mujeres, también tenemos dos ejes adicionales que tienen que ver con el combate frontal a la extorsión, que es otro flagelo que genera inseguridad y le sumamos a esto también la accidentalidad de tránsito que es la segunda causa de muerte en nuestro país», agregó Barahona.
Para los analistas en seguridad ciudadana, la declaración del portavoz representa un reconocimiento implícito de que las políticas represivas por sí solas no son suficientes; para la ciudadanía, la expectativa es que el enfoque multisectorial prometido se traduzca en acciones concretas que reduzcan la violencia en los barrios y comunidades.
Mientras las instituciones avanzan en la implementación de los ejes estratégicos y se fortalece la coordinación interinstitucional, el mensaje que queda en el aire es claro: la seguridad no es solo tarea de la Policía, sino un compromiso compartido que requiere prevención, inversión social y justicia oportuna.
Porque al final, más allá de las tasas y los informes, lo que importa es que cada hondureño pueda vivir sin miedo, y que el Estado demuestre con hechos que la protección de la vida es la prioridad número uno.
