Tegucigalpa, Honduras. – La comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia, Ivonne Ardón, cuestionó la propuesta de eliminar esa entidad y trasladar sus funciones al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Ardón consideró que la medida no resolvería los problemas de fiscalización electoral y, por el contrario, podría debilitar los controles sobre el financiamiento político.
La funcionaria señaló que cualquier ciudadano o sector tiene derecho a plantear reformas, pero recordó que corresponde al Congreso Nacional analizar las implicaciones legales, institucionales y operativas de una eventual eliminación de la Unidad.
Según explicó, la creación de Política Limpia no fue una decisión improvisada, sino resultado de una demanda social y de un proceso impulsado desde la entonces Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Ardón advirtió que, si se pretende suprimir la Unidad y la ley que le dio origen, también tendría que reformarse la Ley Orgánica del TSC para otorgarle facultades específicas en materia de fiscalización del financiamiento político.
La comisionada subrayó que la UFTF tiene una función especializada, ya que fiscaliza recursos de naturaleza mixta: fondos privados y recursos públicos que el Estado asigna a los partidos políticos.
A su criterio, ese tipo de control requiere una estructura técnica propia y no puede trasladarse de manera simple a una institución que ya tiene amplias responsabilidades.
“Sería echarle más carga al Tribunal”, sostuvo.
Ardón recordó que el TSC debe fiscalizar actualmente a más de 500 instituciones, por lo que cuestionó si tendría capacidad para revisar, por ejemplo, un proceso electoral primario con más de 5,000 precandidatos, más de 14 movimientos internos y un elevado volumen de información financiera.
También cuestionó que entre los diputados que respaldan la iniciativa figure un excomisionado de la propia Unidad, por lo que pidió valorar los resultados alcanzados por la institución antes de plantear su eliminación.
La funcionaria destacó que el pleno de comisionados que asumió el 29 de febrero de 2024 ha impuesto 1,470 multas a precandidatos por incumplimientos o violaciones a la normativa de fiscalización política.
Además, informó que actualmente está en proceso la sanción de candidatos que participaron en las elecciones generales y que no cumplieron con sus obligaciones de rendición de cuentas.
Ardón insistió en que la salida no debe ser desaparecer la Unidad, sino buscar mecanismos para fortalecer la fiscalización del financiamiento político y garantizar mayor transparencia en el uso de los recursos durante los procesos electorales.
