Tegucigalpa – La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida popularmente como «Política Limpia», emitió un recordatorio a los partidos políticos sobre su obligación de presentar el cierre contable anual a más tardar el 30 de abril, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Financiamiento.
El organismo fiscalizador detalló que este informe financiero debe incluir obligatoriamente dos documentos fundamentales: el estado anual del patrimonio o balance general, y la cuenta de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio anual. Ambos registros contables deberán contar con la firma del responsable financiero de cada organización política, así como del auditor contratado para validar la información presentada.
La UFTF especificó que los informes deben reflejar con precisión todas las herencias, legados o donaciones recibidas durante el período fiscal, así como un inventario completo de las propiedades muebles e inmuebles adquiridas o en posesión del partido, acompañando las copias autenticadas de los respectivos títulos de propiedad que acrediten la legitimidad de dichos bienes.
Como requisito adicional, cada organización política deberá anexar una lista exhaustiva de todas las personas naturales o jurídicas que realizaron aportes económicos durante el año. Esta lista debe incluir información detallada de cada donante: nombre completo, número de identificación personal o tributaria, monto exacto del aporte y la fecha en que se realizó la contribución.
«El cumplimiento oportuno de esta obligación es esencial para garantizar la transparencia en la vida política y fortalecer la confianza ciudadana», subrayó la UFTF en su comunicado, advirtiendo que «el incumplimiento en la entrega de estos documentos podrá dar lugar a las sanciones establecidas en la normativa correspondiente».
El organismo concluyó su recordatorio agradeciendo a los partidos políticos por su «compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas», elementos que considera fundamentales para el fortalecimiento del sistema democrático hondureño.
Esta exigencia se enmarca en los esfuerzos institucionales por mejorar los mecanismos de control sobre el financiamiento político, un aspecto crítico para prevenir el ingreso de recursos de origen cuestionable al sistema electoral y garantizar condiciones de equidad en la competencia política.
