Tegucigalpa, Honduras. – La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), encargada de vigilar el uso de fondos en campaña, no puede ejercer su función real por una combinación letal: falta de ley robusta y ausencia de presupuesto operativo en los 90 días críticos previos a las elecciones.
Así lo denunció Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), quien señaló que, aunque el presupuesto inicial de 80 millones de lempiras fue aprobado en mayo y remitido al Congreso Nacional el 20 de junio, no se ha ejecutado desde el 1 de septiembre —fecha en que legalmente comienza el periodo de fiscalización intensiva.
“Gran parte del trabajo de la Unidad es preventivo. Si lo vemos de aquí al 30 de noviembre, no ha tenido ese tema presupuestario desde septiembre”, explicó Aguilar, al subrayar que sin recursos, ni siquiera un presupuesto de mil millones de lempiras serviría.
El problema de fondo, según el experto, no es solo financiero, sino jurídico: “Ojalá tengamos un Congreso Nacional decente, con interés por la ciudadanía y la institucionalidad”, dijo, al insistir en que todo comienza con una ley que le otorgue verdaderas herramientas a la UFTF.
Hoy, la Unidad opera con facultades limitadas, sin capacidad de sanción efectiva ni autonomía plena. Para ASJ, esto representa un vacío deliberado que permite que el financiamiento electoral se maneje en la opacidad, justo cuando más transparencia se necesita.
“Mientras no exista una ley en esas condiciones, la UFTF puede disponer de mil millones… pero no podrá hacer su trabajo”, concluyó Aguilar.
Y en democracia, advirtió, la fiscalización no es un lujo: es la primera línea de defensa contra la corrupción electoral.
