Tegucigalpa – El magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, anunció recientemente que un reducido grupo de penitenciarios en Honduras podría ser puesto en libertad en los próximos meses debido a padecer enfermedades terminales.
Esta medida busca atender a aquellos reclusos que se encuentran en una situación de salud crítica y ofrecerles la posibilidad de pasar sus últimos días fuera de la prisión.
Según explicó el magistrado Díaz, se ha identificado un primer grupo de 19 personas que sufren enfermedades graves o terminales, y se espera concretar la acción antes de que los empleados del sistema judicial entren en el periodo de vacaciones.
Con el fin de llevar a cabo este proceso, se ha designado una comisión encabezada por los magistrados de la Sala de lo Penal de la CSJ, quienes se encargarán de realizar un diagnóstico exhaustivo de los privados de libertad que podrían optar por el beneficio de la excarcelación establecido por ley.
El Poder Judicial ha informado a través de su cuenta de Twitter sobre los avances de esta comisión y la creación de una Mesa Técnica de Desinternamiento.
El objetivo es garantizar que se cumplan los procedimientos establecidos y se realice una evaluación adecuada de cada caso. El magistrado Díaz hizo hincapié en la importancia de llevar a cabo este proceso de forma expedita, priorizando la liberación de aquellos reclusos que cumplen con los requisitos establecidos.
En este sentido, se estima que al menos mil personas cumplen con los criterios necesarios para acceder a la excarcelación. Esta medida no solo busca abordar la situación de salud de los reclusos, sino también aliviar el problema del hacinamiento en las cárceles del país.
Según el abogado penalista Marco Zelaya, una de las principales dificultades que enfrentan los centros de detención en Honduras es el retraso en los procesos judiciales, lo que ha llevado a un alto porcentaje de reclusos sin una sentencia definitiva. De los aproximadamente 20 mil privados de libertad, se estima que alrededor del 25% ha sido sentenciado, mientras que más del 55% (más de 10 mil reos) aún está pendiente de una resolución judicial.
La lentitud en los procesos judiciales contribuye a la crisis penitenciaria del país, y se ha recomendado la necesidad de reducir los tiempos de los juicios para que los culpables reciban una condena o recuperen su libertad de manera más expedita.
Esta medida no solo aliviaría la sobrepoblación carcelaria, sino que también contribuiría a una administración de justicia más eficiente y ágil.
En conclusión, la posible liberación de un grupo reducido de penitenciarios en Honduras debido a enfermedades terminales representa un esfuerzo por atender situaciones críticas de salud dentro del sistema penitenciario.
Sin embargo, también es necesario abordar la mora judicial y la lentitud en los procesos para garantizar un sistema de justicia más efectivo y evitar la sobrepoblación carcelaria.
