San Salvador, El Salvador. – La incertidumbre sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) obliga a El Salvador a prepararse desde ahora para un posible aumento de retornos, con respuestas adaptadas a las necesidades de cada municipio.
La experta en gestión pública Ana Irma Aguilar advirtió que las alcaldías serían la primera línea de atención, pues cada territorio deberá recibir a sus propios habitantes y ayudarlos a reconstruir su vida.
“Cada municipio debería estar preparado para recibir a los migrantes, porque a cada uno le va a llegar su gente y tenemos que estar listos”, sostuvo durante una entrevista en el programa Diálogo 21.
La respuesta, explicó, no debería limitarse a recibir a quienes vuelvan. También tendría que facilitar su reintegración laboral, social y familiar, tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada persona.
Aguilar describió la situación de los beneficiarios del TPS como un “limbo migratorio”. El programa continúa vigente, pero todavía no existe una decisión oficial que confirme una nueva prórroga o establezca con claridad cuándo podría finalizar.
Según su explicación, la ausencia de una comunicación formal mantiene las disposiciones actuales y permite una extensión automática de seis meses para la autorización de empleo y la protección frente a detenciones migratorias.
Esa continuidad temporal, sin embargo, no elimina la incertidumbre de las familias sobre su permanencia en Estados Unidos.
Para muchos salvadoreños, el TPS representa mucho más que un permiso laboral. Durante décadas han construido fuera del país hogares, empleos, ahorros, familias y redes comunitarias.
Un retorno tendría consecuencias tanto para su economía familiar como para las comunidades salvadoreñas de las que salieron.
No todos los beneficiarios volverían a El Salvador. Algunos podrían buscar mecanismos legales para regularizar su situación mediante procesos de residencia ya iniciados o vínculos familiares que les permitan presentar solicitudes ante las autoridades estadounidenses.
Los salvadoreños con mayor formación académica también podrían optar por trasladarse a terceros países. Otros regresarían voluntariamente o serían deportados.
Ante estos distintos escenarios, Aguilar pidió identificar las capacidades de cada persona retornada.
Muchos migrantes han adquirido experiencia laboral, formación técnica, ahorros y contactos comerciales durante su permanencia en Estados Unidos, recursos que podrían aprovecharse para facilitar su incorporación a la economía nacional.
La especialista propuso establecer un sistema territorial de reintegración que incluya certificación de habilidades, intermediación laboral, atención psicosocial y acompañamiento municipal.
Cada alcaldía, añadió, debería contar con una ventanilla de atención para migrantes retornados.
Aguilar sostuvo que quienes vuelvan no deben ser vistos solamente como receptores de ayuda ni como una fuente de remesas. Con las condiciones adecuadas, pueden aportar conocimientos, experiencia y capacidad para emprender dentro de sus comunidades.
También consideró necesario diferenciar entre el retorno voluntario y la deportación, pues cada situación implica necesidades distintas.
Quienes regresen, afirmó, deben recibir un trato digno y acceder a rutas de reintegración que reconozcan su historia, patrimonio y competencias.
Aunque ya existen esfuerzos institucionales para conocer la situación de las familias migrantes y preparar respuestas, la experta señaló que todavía hace falta fortalecer la coordinación entre municipalidades, instituciones del Ejecutivo y organismos relacionados con la migración.
