Tegucigalpa – Saúl Bueso, representante del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), ha expresado su profunda preocupación ante la creciente concreción de amenazas contra la libertad de expresión por parte del gobierno hondureño.
Bueso señaló que a principios de 2022 se aprobó un decreto que otorga a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el poder de realizar un control exhaustivo sobre el inventario de todos los medios de comunicación, al tiempo que les permite monitorear lo que se expresa en dichos medios.
Esta medida ha generado inquietud en cuanto a la posibilidad de un control y censura gubernamental sobre la libre expresión.
El representante de C-Libre también expresó su preocupación por un decreto emitido por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el cual podría interpretarse como una justificación para reprimir la libertad de expresión en manifestaciones públicas.
Hizo referencia a las acciones tomadas por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro durante una manifestación pacífica en contra de una propuesta de Ley Tributaria, acusando a la empresa privada de financiar dicha protesta.
Bueso recordó episodios oscuros de la historia hondureña, como la implantación de pruebas incriminatorias por parte de la Dirección de Investigación Nacional (DIN) en las décadas de los 60 y 70. Advirtió sobre la posibilidad de que se repitan prácticas similares durante las investigaciones de las marchas y protestas, lo cual pondría en riesgo el derecho a la libertad de expresión de los manifestantes.
Asimismo, señaló que la controversia generada en torno a este tema podría ser un distractor para aprovechar la elección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto.
Sin embargo, independientemente de si se trata de una estrategia distractiva o no, preocupa que las acciones del gobierno estén encaminadas a limitar o violar los derechos a la libertad de expresión de los hondureños, siendo los comunicadores quienes llevan ese mensaje al público.
Ante estas preocupaciones, es fundamental defender y salvaguardar la libertad de expresión como un derecho fundamental en Honduras, promoviendo un entorno propicio para el ejercicio pleno de la comunicación y el intercambio de ideas en la sociedad.
