Tegucigalpa – La preocupación por el nivel de intolerancia del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha aumentado en Honduras.
Saúl Bueso, representante del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), señaló que esta preocupación se deriva de varios incidentes recientes. Hace poco, un grupo llamado Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) organizó una manifestación que fue fuertemente criticada por los órganos estatales.
Además, Bueso destacó que el Gobierno aprobó una ley que otorga a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la autoridad para supervisar y monitorear lo que se dice en los medios de comunicación, quién lo dice, cómo se dice y cuándo se dice, con el objetivo de responder de inmediato a estas manifestaciones.
En el contexto de la marcha oficialista de hoy, que se presentó como una actividad pacífica, se reportaron incidentes de violencia, como el ataque a un motociclista en el bulevar Morazán. Bueso cuestionó la idea de que estas manifestaciones sean pacíficas si se están exigiendo cambios.
También se planteó la cuestión de los gastos asociados a la marcha oficialista, estimando que podría costar millones al pueblo hondureño. Se ha informado que el Gobierno destinó 50 millones de lempiras para convocar a esta marcha, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza pacífica de la misma.
Bueso expresó su preocupación por la creciente intolerancia gubernamental hacia los ciudadanos y los medios de comunicación. Se ha observado la tendencia de etiquetar a los ciudadanos y los medios como subversivos o conspiradores, lo que plantea preocupaciones sobre la libertad de expresión en el país.
