Tegucigalpa, Honduras – Tegucigalpa se convirtió nuevamente en escenario de tensiones entre organizaciones de derechos humanos y la cúpula militar. La mañana de este miércoles, un grupo de defensores se presentó en la sede del Ministerio Público, en la colonia Las Lomas, para interponer una denuncia penal contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández.
La acusación, según explicaron los denunciantes, incluye los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y agresión a la libertad de expresión, entre otros. El caso se centra en presuntas amenazas del alto mando militar contra periodistas y medios de comunicación, así como en su papel público dentro de la actual crisis electoral.
Entre quienes acudieron a la Fiscalía se encuentran el defensor de derechos humanos Andrés Pavón, la directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza, y el presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh), Jorge Jiménez. Pavón recordó que ya en 2009, tras el golpe de Estado, acompañó denuncias similares y admitió que no imaginó regresar al Ministerio Público por una situación que, a su juicio, “se asemeja” a la vivida entonces.
Los denunciantes señalan directamente al general Hernández por amenazas contra el periodista Renato Álvarez, que —según detalló Pavón— atentan contra su integridad física y psicológica. A ello suman supuestas amenazas contra el diario El Heraldo y otros comunicadores hondureños con los que el jefe castrense habría tenido confrontaciones públicas.
Pavón cuestionó que el jefe militar actúe como “intérprete de la Constitución” y acusó al general de mantener “secuestrado” al Consejo Nacional Electoral (CNE) con sus posicionamientos. Según su valoración, en la lógica del general Hernández estaría la idea de que no se produzca la declaratoria de las elecciones generales, lo que —dijo— influye negativamente en la tropa y pone en riesgo el Estado de derecho.
“Él está contra las normas constitucionales y de la misma ley de las Fuerzas Armadas, amenaza de manera directa a los que cuestionan su comportamiento”, afirmó el defensor, al advertir que hay ciudadanos vigilantes de un escenario que considera peligroso para la institucionalidad democrática.
Por su parte, Dina Meza subrayó que no es la primera vez que se interpone una denuncia contra el jerarca militar. Aseguró que Hernández actúa como si tuviera “la potestad de amenazar” y de “intentar matar al mensajero”, en referencia a su trato hacia la prensa y quienes critican su actuación.
En la misma línea, Jorge Jiménez explicó que la petición concreta al Ministerio Público es que investigue las presuntas amenazas contra el periodista Renato Álvarez y valore las responsabilidades penales del general. Advirtió que, si la Fiscalía no ofrece respuestas debidas, las organizaciones están dispuestas a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el caso en el ámbito internacional.
Las acusaciones se producen en medio de un ambiente de alta polarización política y cuestionamientos sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la coyuntura electoral, reabriendo el debate sobre los límites de la participación militar en asuntos de carácter civil y el respeto a la libertad de expresión en Honduras.
