Tegucigalpa, Honduras. – La Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional enfrenta una impugnación ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pocos días después de su entrada en vigencia.
Las abogadas Jenny Almendares y Delma Ordoñez interpusieron este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra disposiciones del Decreto Legislativo 208-2026, normativa publicada el 26 de septiembre y que introduce, entre otras medidas, un régimen penitenciario más restrictivo para integrantes de organizaciones declaradas terroristas, maras y pandillas.
Almendares presentó la acción en representación de la Asociación de Familiares y Personas Privadas de Libertad (Asocideh) y explicó que la impugnación es parcial y se plantea por razones de forma y contenido.
“Existen disposiciones constitucionales que no se suspenden con la privación de libertad, como el derecho a la dignidad y la no discriminación”, manifestó la abogada.
Según su planteamiento, determinadas disposiciones del decreto establecen un trato discriminatorio para una parte de la población penitenciaria.
La normativa establece que personas identificadas como integrantes de asociaciones terroristas, maras o pandillas deben ser ubicadas obligatoriamente en regímenes de máxima o alta seguridad y contempla restricciones especiales dentro del sistema penitenciario.
Almendares cuestionó particularmente las limitaciones relacionadas con las condiciones de permanencia de estos privados de libertad.
“No es posible que no tengan acceso a la recreación, hablamos que son personas privadas de libertad y no dignidad”, sostuvo.
La presentación del recurso abre ahora un proceso ante la Sala de lo Constitucional, que deberá conocer los argumentos planteados contra la legislación.
Asocideh anunció además que recurrirá a mecanismos internacionales para denunciar aquellas disposiciones que, según su interpretación, podrían constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras espera una respuesta de la Sala.
El Decreto 208-2026 se encuentra vigente desde su publicación en el Diario Oficial La Gaceta número 37,256, y forma parte de las medidas aprobadas para modificar el tratamiento legal y penitenciario de las estructuras criminales declaradas asociaciones terroristas.
