Tegucigalpa. – Este jueves, Julissa Villanueva, viceministra de seguridad, presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley que crearía el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Honduras, eliminando efectivamente a la Dirección de Medicina Legal como se conoce actualmente.
Según el funcionario, el objetivo de este proyecto es descentralizar el nuevo instituto y dotarlo de donaciones, los recursos que se entregaron al Ministerio Público, así como los que entregó el Congreso Nacional.
Villanueva cuestionó que “El Ministerio Público dejó de patio trasero al servicio forense nacional”, tras el anuncio de que la Dirección de Medicina Legal sería suprimida y sustituida por un instituto independiente de acuerdo con las disposiciones del proyecto.
Dijo que si bien los empleados de este instituto serían nuevos y se les exigiría poseer ciertas habilidades, se respetarían los derechos laborales de los actuales colaboradores forenses.
Villanueva enfatizó que solo lo harán los empleados actuales que estén obligados a permanecer en la nueva unidad; todos los demás empleados tendrán derecho legal a la liquidación.
Cabe señalar que por su independencia de la prueba forense y autonomía, la institución que se pretende crear se diferenciará del actual Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses adscrito al Ministerio Público.
Cabe señalar que esta propuesta surge en momentos en que los empleados del Ministerio Público continúan realizando protestas en demanda de un aumento salarial. El jueves, fiscales, científicos forenses y otros miembros del personal incendiaron neumáticos cerca de la salida sur de la capital.
A pesar de llevar 40 días de paro, los manifestantes advierten que las acciones continuarán, y sus acciones provocaron un intenso tráfico en el sector de Germania, que ya es típico en esa zona.
Debido al alto costo de vida, el personal de la oficina del fiscal solicita al gobierno un ajuste salarial del 15 por ciento.
“Le exigimos al gobierno central una respuesta pronta, ya estamos cansados de estar esperando”, dijo el vocero del movimiento, Josías Aguilar.
A causa de las protestas, los peritos forenses no están levantando los cadáveres de las muertes reportadas en el país, lo que tiene serias ramificaciones para el Ministerio Público.
Dado que los casos no están siendo tomados en serio y que las audiencias en los distintos juzgados no están siendo cubiertas, también se teme que aumente la impunidad.
Sin embargo, los fiscales garantizan que no actuarán de manera irresponsable al liberar a quienes han infringido la ley.
El drama que involucra a los familiares de las víctimas, sin embargo, aún no se resuelve porque han decidido detener los traslados nacionales de cadáveres hasta que se resuelva la situación de la Fiscalía.
