Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, denunció en las últimas horas que “fuerzas extrañas” a ese poder del Estado, impidieron aprobar la nueva Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, por lo que la presidenta Xiomara Castro hará convocatoria con legislación actual.
“Parece que fuerzas extrañas a este Congreso incidieron para que no nos pudiera acompañar y tener los votos necesarios para apoyar esta ley”, expresó el diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre)
Asimismo, manifestó en la sesión del Congreso Nacional que agotaron las pláticas en busca de llegar a un acuerdo para derogar la actual Ley de Seguridad y Defensa Nacional.
Zelaya señaló que la presente ley concentra todos los poderes del Estado en uno solo generando la pérdida de independencia de poderes.
Añadió que la ley que mandó Casa Presidencial pretende devolver la independencia al Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la Fiscalía y que el país tenga el derecho a vivir en democracia.
“No logramos los acuerdos que esperábamos pese que tomamos en cuenta las observaciones que se hicieron desde anoche y hoy”, comentó.
El parlamentario sostuvo que el 98 por ciento de las observaciones que hicieron las bancadas fueron incorporadas a la propuesta de ley.
Zelaya confirmó que no lograron consensos de aprobar la nueva ley y obliga a la presidenta Xiomara Castro de convocar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad con la ley de Juan Orlando Hernández.
Anunció que la convocatoria es para el próximo lunes ya que hay cosas urgentes que la mandataria necesita definir al interior del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
“Hay muchas instituciones que están detenidas y son tan importantes para la política de defensa y seguridad”, expuso.
Zelaya responsabilizó a las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH) de no derogar la presente Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Cabe señalar que la oposición y otros sectores, cuestionan que dicha normativa da más poderes a la Presidenta de los que ya existen sobre las instituciones de seguridad y defensa.
