Tegucigalpa — En medio de la lucha continua contra el narcotráfico en Honduras, surgen inquietudes sobre la gestión de los fondos públicos destinados a este esfuerzo. El analista Luis León cuestionó la efectividad de las acciones recientes del gobierno y la integridad en la administración de recursos.
La presidente Xiomara Castro otorgó a Rixi Moncada, ministra de Defensa y precandidata presidencial por el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), la autoridad para realizar contrataciones directas bajo el acuerdo ejecutivo 190-2024, destinadas a ejecutar el Plan de Solución Contra el Crimen.
Este poder incluye la adquisición de suministros y consultorías sin seguir los procedimientos administrativos usuales, algo que según León, plantea serias preguntas sobre la urgencia y la transparencia del proceso.
«Deberíamos ser más comedidos en cómo manejamos los fondos públicos y realmente qué estamos comprando», expresó León, quien también resaltó la coincidencia entre la duración del acuerdo y el periodo de campaña electoral, insinuando posibles conflictos de interés dado que Moncada es candidata a la presidencia.
La autorización de compras directas, publicada en el diario oficial La Gaceta, ha generado debate sobre si las circunstancias justifican esta excepción a la norma, especialmente en un contexto donde las Fuerzas Armadas de Honduras se ven involucradas directamente.
León hizo un llamado tanto a las Fuerzas Armadas como al Poder Ejecutivo para asegurar que los recursos no se desvíen para fines distintos, como campañas políticas, una práctica que señaló como recurrente en la historia política del país.
«Aunque la narrativa es que somos diferentes, es momento de demostrarlo», concluyó el analista, instando a una mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de la crisis de seguridad y los fondos públicos.
