Tegucigalpa – Un nuevo capítulo de tensión política se vive en Honduras luego que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunciara públicamente la existencia de una conspiración para alterar el proceso electoral interno celebrado el pasado 9 de marzo.
A través de su cuenta en la red social X, López lanzó graves acusaciones contra la cúpula militar: «Fingiendo una subordinación que nunca ha existido y siguiendo con una coordinación que nunca ha dejado de existir, hoy el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió con un expresidente y una candidata y decidieron sustituir los informes que ya existían, donde se señalaban responsables militares, por nuevas versiones donde se señala solo al CNE por lo del 9 de marzo».
La denuncia de la consejera encontró eco en la diputada Maribel Espinoza, quien casi simultáneamente publicó un mensaje alertando sobre una presunta conspiración para retrasar la declaratoria de las elecciones. «Aquí todos nos conocemos y sabemos quiénes incumplieron con el mandato constitucional», sentenció Espinoza, quien además aseguró que «toda Honduras» protegerá a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López si se mantienen firmes en la defensa de la democracia.
El conflicto se enmarca en el contexto de las más de 28 mil actas electorales retenidas por inconsistencias, según informó previamente el consejero Marlon Ochoa. Ante esta situación, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, respondió que no tiene objeciones para que dichas actas sean sometidas a escrutinio especial para verificar las irregularidades.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional y candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, ofreció una interpretación contrapuesta a los hechos, denunciando que la retención de actas responde a una estrategia del partido oficialista Libre para «sembrar dudas y retrasar los resultados».
La crisis política ha generado un ambiente de incertidumbre en Honduras, donde la población aún espera la declaratoria oficial de las elecciones primarias, mientras crece la preocupación por el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral y su subordinación al poder civil establecido en la Constitución de la República.
