Tegucigalpa, Honduras. – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denunció este lunes una «confabulación» de sectores de partidos políticos destinada a obstaculizar el escrutinio especial mediante sabotaje y violencia sin precedentes contra la institucionalidad electoral, incluyendo la no integración de juntas, dilación injustificada en procesamiento de actas, anulación irregular de resultados e intimidación al personal electoral.
Hall señaló que estas conductas constituyen delitos atribuibles tanto a quienes las ejecutaron como a los actores políticos que las instigaron, en un mensaje donde defendió la legalidad de la declaratoria de las Elecciones Generales y advirtió que el material electoral permanece bajo resguardo del CNE y no puede ser tomado por la fuerza.
«Pese a la embestida violenta del oficialismo, nos mantendremos firmes«, concluyó Hall en un pronunciamiento donde reconoció públicamente la labor del actual jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio Ardón, a quien calificó de profesional y comprometido con la defensa de la democracia.
La presidenta del CNE hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a continuar custodiando y vigilando el material electoral, en apego al mandato constitucional de resguardar la alternabilidad en el poder, en momentos en que el Congreso Nacional amenaza con apropiarse de las urnas para realizar un recuento ordenado por decreto.
Hall subrayó que la Constitución establece al organismo electoral como autónomo e independiente, pero advirtió que esa autonomía ha sido defendida «en un campo de batalla desigual», enfrentando presiones, violencia y decisiones inconstitucionales provenientes de otros poderes del Estado que han intentado usurpar atribuciones exclusivas del CNE.
La titular del organismo electoral recordó que cualquier disposición en materia electoral adoptada sin el quórum constitucional de dos tercios del total de los miembros del Congreso Nacional carece de carácter vinculante, cuestionando directamente la legalidad del decreto aprobado por una minoría legislativa oficialista.
Hall denunció la creación de supuestas causas de fuerza mayor externas al CNE para impedir la declaratoria, pese a que esta ya fue realizada dentro del plazo y conforme a la ley, rechazando los argumentos del oficialismo sobre actas sin escrutar como justificación para desconocer los resultados oficiales.
La presidenta del CNE señaló que ante un escenario «impredecible e insuperable», el organismo electoral priorizó «el bien mayor: salvar el proceso electoral y la democracia», y advirtió que la ausencia de declaratoria habría causado un daño irreparable al sistema democrático hondureño.
Hall reiteró que la declaratoria es legal y válida, y reveló que su no publicación en el Diario Oficial La Gaceta obedeció a la negativa de instancias estatales, aunque sí fue difundida en medios de amplia circulación y en los canales oficiales del CNE, además de ser reconocida por misiones de observación nacionales e internacionales.
La revelación de que instancias estatales se negaron a publicar la declaratoria en La Gaceta evidencia el nivel de obstrucción institucional que enfrentó el CNE, siendo forzado a utilizar canales alternativos para dar a conocer los resultados oficiales que proclamaron a Nasry Asfura como presidente electo.
«La institucionalidad es la última barrera para defender la democracia«, afirmó Hall, en una declaración que posiciona al CNE como la institución que resiste los intentos del oficialismo de revertir los resultados electorales mediante presión, violencia y maniobras legislativas inconstitucionales.
La denuncia de sabotaje sistemático incluye acciones específicas durante el escrutinio especial: la deliberada no integración de juntas receptoras de votos que impidió el conteo de algunas actas, dilación injustificada en el procesamiento que retrasó artificialmente los resultados, anulación irregular de resultados legítimos e intimidación sistemática al personal electoral.
El reconocimiento al general Valerio como profesional comprometido con la democracia contrasta con la postura del Congreso Nacional que amenazó con solicitar su captura si no entregaba el material electoral, evidenciando que el alto mando militar ha respaldado la institucionalidad del CNE frente a las presiones del oficialismo.
El llamado a las Fuerzas Armadas para que continúen custodiando el material electoral representa una solicitud explícita de que los militares mantengan su posición de no permitir el traslado de urnas al Congreso Nacional, frustrando así la posibilidad de que el Legislativo ejecute el recuento ordenado por el decreto cuestionado.
La advertencia de Hall sobre que el material «no puede ser tomado por la fuerza» establece una línea roja clara: el CNE no entregará voluntariamente las urnas y actas electorales, y cualquier apropiación de este material constituiría un acto de violencia institucional que el organismo electoral está dispuesto a resistir.
El mensaje de la presidenta del CNE representa el pronunciamiento más contundente del organismo electoral desde que se desató la crisis post-electoral, rompiendo el silencio institucional para denunciar públicamente el sabotaje, la violencia y la confabulación de actores políticos que intentan revertir resultados certificados.
La caracterización de la situación como «embestida violenta del oficialismo» elimina cualquier ambigüedad sobre quién considera Hall responsable de los intentos de desconocer la declaratoria electoral, identificando directamente al gobierno y al partido Libre como los agresores de la institucionalidad democrática.
El respaldo de misiones de observación internacionales a la declaratoria del CNE, mencionado por Hall, refuerza la legitimidad de los resultados oficiales frente a los cuestionamientos del oficialismo, confirmando que organismos especializados avalaron que el proceso reflejó la voluntad popular.
