Tegucigalpa – La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha celebrado la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declara constitucional el Decreto 04-2022, conocido como el «Pacto de Impunidad». Esta resolución, que ha sido descrita por Castro como un hito histórico, ha desatado un torrente de reacciones en el ámbito político y judicial del país.
Desde su cuenta en la red social X, la mandataria hondureña rememoró los turbulentos eventos políticos de 2009, señalando que esta decisión judicial cierra un capítulo de «ataques golpistas» y «persecución política» que culminó en el derrocamiento de su esposo, Manuel Zelaya, y el ascenso al poder de líderes que luego serían señalados por delitos graves en el extranjero.
La resolución de la CSJ, aprobada por 10 votos a favor y cinco en contra, ha sido interpretada por algunos analistas como un obstáculo definitivo para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) en Honduras.
Según expertos, uno de los prerrequisitos de la ONU para apoyar esta comisión era la derogación del mencionado pacto, lo que ahora parece improbable tras el fallo del Poder Judicial.
Este veredicto se produce en un contexto de continuas promesas por parte de la administración Castro de fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, incluyendo el establecimiento de la CICIH, cuya viabilidad ahora se ve cuestionada.
