Tegucigalpa. – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solorzano, reaccionó este lunes a las recientes admisiones sobre corrupción dentro del sistema judicial, instando a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, a pasar de las palabras a los hechos y a utilizar las herramientas institucionales para sanear el Poder Judicial.
-Solorzano instó a utilizar los mecanismos internos, como la Inspectoría de Tribunales, para deducir responsabilidades, garantizando siempre el debido proceso.
“El tema de la corrupción, que lo reconozca hoy en día la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, es porque ella debe tener información al respecto. Y si tiene información, lo que procede en ese caso es actuar por medio de las instancias que hay dentro de la misma Corte”, remarcó Solorzano.
El titular del CAH señaló que la Inspectoría de Tribunales es el órgano llamado a investigar estas denuncias. En el caso de que haya jueces involucrados, explicó que se debe seguir el debido proceso, que podría incluir antejuicios para retirarles el fuero y que así puedan enfrentar la justicia como cualquier otro ciudadano.
“Posterior a eso, [deben] enfrentar lo que es la justicia desde el punto de vista que corresponda, bien puede ser incluso hasta la justicia de carácter penal en el caso de actos de corrupción”, detalló el abogado.
Solorzano enfatizó que, precisamente por ser la «casa de la justicia», el Poder Judicial debe ser el principal garante de los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo el derecho a la defensa y al debido proceso para sus propios funcionarios que sean investigados.
El presidente de los abogados volvió a remarcar la importancia de las declaraciones de la máxima autoridad judicial. “Que lo diga la presidenta de la Corte, pues hay que prestarle muchísima atención al caso. Ojalá que en cada una de las situaciones que se han venido presentando se puedan deducir las responsabilidades a las personas”, expresó.
Finalmente, Solorzano concluyó haciendo un llamado a que todos los procesos se realicen apegados a la ley, «para que el día de mañana nadie pueda venir y tratar de generar nulidades», asegurando así que la lucha contra la corrupción interna sea efectiva y jurídicamente sólida.
