Tegucigalpa, Honduras.- En un contexto de profunda crisis electoral tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, ha emitido un análisis jurídico detallado sobre el escenario que podría desencadenarse si no se emite la declaratoria oficial de resultados en todos los niveles electivos antes del 27 de enero de 2026.
Basado en el artículo 242 de la Constitución Política de la República, Solórzano —quien asumió la presidencia del CAH en 2024 por el período 2024-2026— advierte que este mecanismo, reservado para casos excepcionales de caso fortuito o fuerza mayor, activaría un gobierno provisional presidido por el Secretario de Estado en Gobernación y Justicia, un hecho que califica como inédito en su experiencia profesional dentro del marco constitucional hondureño.
El artículo 242 establece no solo la conformación de un ejecutivo interino, sino la convocatoria obligatoria a nuevas elecciones en un plazo de cuatro a seis meses. Desde el punto de vista jurídico, Solórzano enfatiza que este no sería una extensión o continuación del proceso electoral en curso, sino un nuevo proceso electoral integral, con implicaciones profundas reguladas por la Constitución y la Ley Electoral:
- Convocatoria Independiente: Se requeriría una nueva convocatoria oficial, lo que implicaría la invalidez automática de los actos previos, incluyendo las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025, salvo decisión interna de cada partido político conforme a sus estatutos (artículos relacionados con la autonomía partidaria en la Ley Electoral).
- Reconfiguración de Candidaturas y Participación: Los partidos deberían redesignar fórmulas presidenciales, listas de diputados y corporaciones municipales. Incluso, formaciones políticas excluidas previamente por incumplimientos podrían reinscribirse, ampliando la competencia pero generando posibles impugnaciones ante el Tribunal de Justicia Electoral.
- Alianzas y Reglas Renovadas: Se abriría la puerta a nuevas coaliciones políticas, alterando el equilibrio actual. La ausencia de una regulación secundaria específica para este «reinicio» crea vacíos legales que podrían vulnerar principios constitucionales como la igualdad electoral (artículos 60 y 61) y la soberanía popular (artículo 2).
En cuanto a la organización, la Constitución otorga flexibilidad para que el proceso sea gestionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Congreso Nacional o la Corte Suprema de Justicia. Este punto genera preocupación jurídica, ya que la discrecionalidad en la definición de reglas —plazos, requisitos de inscripción o mecanismos de resolución de controversias— podría derivar en politización excesiva, susceptible de recursos de amparo por violación a la equidad y transparencia electoral.
Solórzano opina que, en este hipotético escenario, ganarían los partidos con estructuras verticales, jerárquicas y capacidad de reorganización rápida, mientras que perderían aquellos con divisiones internas. Esta asimetría podría ser cuestionada judicialmente por desventajar la pluralidad política.
El líder gremial subraya el riesgo mayor: la exposición de la democracia hondureña a un «juego altamente peligroso» por la falta de reglas claras, donde «unos pocos con mayor control institucional» saldrían beneficiados, recordando el refrán «en río revuelto, ganancia de pescadores».
Critica los cálculos políticos oportunistas —donde «se negocia un perro y sale una jirafa»— y defiende que la democracia se protege respetando estrictamente la ley y la institucionalidad, no postergando acciones hasta que sea «demasiado tarde».
En el actual contexto de retrasos en el escrutinio especial, protestas y acusaciones cruzadas de fraude, este análisis de Solórzano —emitido en medio de tensiones internas en el CAH, donde directivos afines al oficialismo han desautorizado algunas de sus actuaciones unilaterales— invita a una reflexión urgente.
La oportuna declaratoria por parte del CNE evitaría activar este mecanismo constitucional, preservando la estabilidad y la voluntad popular expresada en las urnas. Expertos coinciden en que cualquier desviación del marco legal profundizaría la crisis institucional, con potenciales repercusiones internacionales y domésticas.
