Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, manifestó su preocupación ante la pretensión del Congreso Nacional de entrometerse en la fiscalización de los fondos proporcionados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a organizaciones de sociedad civil, tras la propuesta presentada por el presidente del Legislativo, Luis Redondo.
«Si hay alguien que haya donado recursos a organizaciones de sociedad civil, son estos entes que han donado que tiene que hacer los procesos de verificación, no le corresponde al Poder Legislativo entrometerse en asuntos que no son de su competencia», expresó Solórzano en sus declaraciones.
El titular del gremio de abogados instó a Redondo a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) si cuenta con evidencias concretas de que los recursos proporcionados por USAID han sido utilizados de manera indebida, en lugar de crear comisiones parlamentarias con ese fin.
En su análisis de la situación, Solórzano señaló que, a su criterio, la proliferación de comisiones legislativas orientadas a investigar diversos hechos podría interpretarse como una estrategia para generar «cortinas de humo» y crear situaciones que entran en conflicto con las atribuciones de otras instituciones, ya que dichas investigaciones no corresponden a las funciones constitucionales del Congreso Nacional.
El presidente del CAH expresó su preocupación por el precedente que podría establecerse con estas acciones: «Hoy son Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), mañana puede ser cualquiera: la Iglesia Católica, el sector privado o los colegios profesionales», advirtió Solórzano, sugiriendo que esta iniciativa podría extenderse a otros sectores de la sociedad hondureña.
La postura del gremio de abogados se suma a las reacciones generadas tras el anuncio de Redondo sobre la creación de una comisión especial para investigar el destino de los fondos que USAID ha proporcionado a organizaciones como ASJ y CNA, entidades que se han caracterizado por su labor fiscalizadora frente a la administración pública.
El presidente del CAH reiteró que los procesos de verificación y auditoría de estos fondos corresponden primordialmente a los propios organismos donantes, quienes cuentan con mecanismos establecidos para garantizar el uso adecuado de los recursos que proporcionan.
