San Pedro Sula, Honduras. – El presidente del Partido Liberal y alcalde reelecto de San Pedro Sula, Roberto Contreras, advirtió esta mañana sobre una presunta orden de captura en contra de las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López.
Las declaraciones de Contreras ocurren en medio de un ambiente poselectoral que refleja la resistencia del oficialismo a dejar el poder.
Esta misma mañana el titular del Legislativo, Luis Redondo, convocó a la cuestionada Comisión Permanente del CN para conocer un análisis jurídico poselectoral. Redondo y su comisión han manifestado su deseo de intervenir las decisiones del CNE, en especial la declaratoria electoral.
Contreras advirtió de la presunta orden de captura contra las consejeras, quienes fueron asediadas permanentemente por el sistema de justicia hondureña y cuyas actuaciones estuvieron al filo de forma creciente, debido a las reiteradas amenazas que ellas denunciaron públicamente.
La advertencia del alcalde sampedrano se produce en un contexto de máxima tensión política donde el oficialismo parece resistirse a aceptar los resultados electorales que favorecen al candidato opositor.
Las consejeras Hall y López han sido figuras centrales en el proceso electoral y sus decisiones han generado controversia entre los sectores gubernamentales.
La convocatoria de Luis Redondo a la Comisión Permanente representa un intento de intervención legislativa en las competencias del Consejo Nacional Electoral, lo que podría configurar una extralimitación de funciones y una violación a la separación de poderes establecida en la Constitución.
El ambiente poselectoral descrito por Contreras evidencia la fragilidad institucional y los riesgos para la democracia hondureña cuando los sectores en el poder se niegan a respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Las amenazas contra las consejeras electorales representan un ataque directo a la institucionalidad democrática.
La situación planteada por el líder liberal sugiere una estrategia coordinada entre el Poder Judicial y el Legislativo para presionar o neutralizar a los funcionarios electorales que garantizaron la transparencia del proceso comicial. Esta táctica buscaría revertir o cuestionar los resultados que no favorecen al oficialismo.
