Tegucigalpa, Honduras. – El 30% del presupuesto general 2025 se financió con deuda pública mientras el gasto en publicidad y propaganda se duplicó alcanzando L1,236.4 millones, según informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) que señala que el presupuesto aumentó 49% entre 2021-2025 al pasar de L288,871 a L430,908 millones con «resultados cuestionables», en alza de L142,037 millones que evidencia expansión fiscal sin mejoras proporcionales en servicios.
ASJ identificó que el 88% del presupuesto se destina principalmente a sueldos y salarios, servicio de deuda, transferencias y otros gastos, evidenciando que reducir gasto corriente y priorizar el mismo es «tarea pendiente» del gobierno de Xiomara Castro que finalizará mandato el 27 de enero sin haber logrado reorganización estructural de finanzas públicas.
La asignación para sueldos y salarios aumentó en más de L9,600 millones, sobre todo por mayor contratación de empleados y aumentos salariales, alcanzando la planilla del Estado los 250,475 empleados públicos, expansión burocrática que contrasta con promesas del oficialismo de reducir gasto corriente heredado de administraciones previas.
Los mayores aumentos en sueldos y salarios se registraron en Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, ENEE, CNE, Secretaría de Seguridad, IHSS y Secretaría de la Presidencia, instituciones que concentraron contrataciones masivas durante mandato de Castro pese a declaratoria de emergencia fiscal que autorizó $2 mil millones en endeudamiento público.
La directora de Gobernanza Económica de ASJ, Liliam Rivera, destacó que administración Castro inició con declaratoria de emergencia fiscal y financiera que autorizó endeudamiento, contradiciendo discurso de la presidenta que «hablaba con profunda preocupación sobre gestión y alto nivel de endeudamiento» heredado, pero «en un sentido contrario» emitió declaratoria que habilitó mayor endeudamiento.
ASJ identificó incremento de 91.6% en presupuesto destinado a bonos y transferencias monetarias, equivalente a L3,269 millones, de los cuales L763.9 millones provienen de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), evidenciando que programas sociales del oficialismo se financian parcialmente mediante deuda externa en lugar de eficiencia fiscal.
El gasto en publicidad y propaganda que se duplicó en 2025 representa inversión de L1,236.4 millones en comunicación gubernamental en año electoral donde oficialismo intentó revertir resultados mediante narrativa de «fraude electoral» y «injerencia extranjera», utilizando recursos públicos para propaganda política en contexto de campaña electoral.
Aunque ejecución global del presupuesto fue del 90%, la inversión pública continúa rezagada con ejecución del 70% en bienes capitalizables, evidenciando que gobierno ejecuta eficientemente gasto corriente (sueldos, publicidad) pero no logra trasladar recursos a infraestructura productiva que genere crecimiento económico sostenible.
Persisten marcadas desigualdades entre instituciones: mientras algunas concentraron altos niveles de ejecución en últimos meses del año, otras vinculadas a agua, saneamiento, vivienda y desarrollo productivo mostraron desempeños por debajo del 62%, reflejando que prioridades gubernamentales favorecieron gasto político sobre inversión social básica.
El informe de ASJ evidencia que presupuesto se concentra en 16 instituciones que absorben el 81% de recursos, configurando estructura fiscal altamente centralizada donde mayoría de ministerios y secretarías operan con asignaciones marginales mientras entidades estratégicas monopolizan fondos públicos sin garantizar eficiencia en su uso.
La contradicción señalada por Rivera sobre discurso anti-endeudamiento de Castro versus declaratoria de emergencia que autorizó $2 mil millones en deuda representa ejemplo de brecha entre retórica oficialista que criticaba «narcodictadura» heredada por supuesto endeudamiento excesivo, y práctica fiscal que profundizó déficit mediante expansión de gasto corriente.
El incremento de 49% en presupuesto entre 2021-2025 (de L288,871M a L430,908M) sin «resultados cuestionables» según ASJ sugiere que expansión fiscal no se tradujo en mejoras proporcionales de servicios públicos, infraestructura o indicadores sociales que justifiquen alza de L142 mil millones durante mandato de Castro.
La duplicación del gasto en publicidad a L1,236 millones en año electoral evidencia uso de recursos públicos para propaganda política del oficialismo que ejecutó múltiples cadenas nacionales (siete en tres días según Cohep) para defender decreto 58-2025, utilizando medios estatales y privados forzados a transmitir mensajes gubernamentales.
El rezago de inversión pública con ejecución del 70% en bienes capitalizables contrasta con 90% de ejecución global, evidenciando que gobierno prioriza gasto corriente inmediato (planillas, transferencias, publicidad) sobre inversión en infraestructura duradera que genere empleo y crecimiento económico de largo plazo para próxima administración de Nasry Asfura.
