Tegucigalpa – Un Juez de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este lunes medida de prisión preventiva contra Raúl Amílcar Rivera Montoya, exempleado del Consejo Nacional Electoral (CNE), por su presunta responsabilidad en un millonario fraude relacionado con la contratación de servicios de transporte durante las elecciones primarias realizadas en marzo pasado.
Rivera Montoya enfrenta graves acusaciones por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, tras ser vinculado a irregularidades en el proceso de contratación que habría generado un perjuicio económico de 64 millones 789 mil 021 lempiras para el Estado hondureño.
Según estableció el tribunal, la audiencia preliminar para continuar con el proceso judicial ha sido programada para el jueves 12 de junio a las 10:30 de la mañana, donde se examinará con mayor profundidad el caso que ha sacudido la credibilidad del órgano electoral.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, el imputado formó parte de la comisión evaluadora del CNE que adjudicó el contrato para el transporte del material electoral hacia los centros de votación durante la jornada electoral del 9 de marzo.
El requerimiento fiscal señala que Rivera Montoya, quien se desempeñaba como coordinador del proyecto de transporte, incumplió gravemente sus obligaciones al recomendar la contratación de una empresa que carecía de flota vehicular registrada, así como de la idoneidad y capacidad técnica necesaria para garantizar el traslado seguro y oportuno del material electoral.
Las irregularidades detectadas tuvieron consecuencias directas en el desarrollo de las elecciones primarias, pues el 9 de marzo se registraron significativos retrasos en la entrega del material electoral en los centros de votación de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, generando confusión entre los votantes y cuestionamientos sobre la organización del proceso.
Este caso pone de manifiesto las vulnerabilidades que persisten en la administración de los procesos electorales en Honduras, particularmente en lo relacionado con la contratación de servicios logísticos cruciales para el desarrollo de las votaciones.
La decisión judicial de mantener en prisión preventiva al exfuncionario ocurre en un momento crítico, cuando el CNE se encuentra finalizando la formulación del presupuesto para las elecciones generales del 30 de noviembre, proceso en el que la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos resulta fundamental para garantizar la integridad de los comicios.
El caso ha generado preocupación entre observadores electorales y organizaciones de la sociedad civil, que han señalado la necesidad de implementar mecanismos más rigurosos de fiscalización en las contrataciones realizadas por el órgano electoral para evitar que situaciones similares afecten el desarrollo de las próximas elecciones generales.
Las autoridades judiciales han manifestado que la investigación continúa abierta, no descartando la posibilidad de que surjan nuevos imputados vinculados a este caso de presunta corrupción electoral que podría tener ramificaciones más amplias dentro de la estructura del CNE.
