Tegucigalpa, Honduras. – El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, encendió las alarmas ante lo que describió como una modalidad estructurada de demandas presentadas contra el Estado hondureño, muchas de las cuales, según advirtió, buscan generar beneficios injustos y golpear severamente las finanzas públicas.
El funcionario explicó que, dejando a un lado las demandas laborales —que en su mayoría derivan de despidos mal ejecutados por administraciones anteriores—, las autoridades han detectado un patrón preocupante en casos vinculados a proveedores y contratos incumplidos.
La mecánica es siempre la misma: se dejan acumular deudas, intereses y costas hasta que los montos finales superan ampliamente la obligación original del Estado.
Como ejemplo representativo, Aspra citó el caso de Hondutel, donde tres proveedores unificaron demandas que ascienden a más de 500 millones de lempiras, advirtiendo que situaciones similares se han replicado en otras instituciones públicas y alcaldías del país.
El procurador también señaló que parte de la responsabilidad recae en abogados de administraciones pasadas que dejaron vencer términos legales, lo que permitió que las deudas crecieran y se consolidaran en tribunales, e incluso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde actualmente se acumulan al menos 20 demandas por montos que superan los 2,500 millones de dólares.
Aspra reveló además que algunas empresas evitan deliberadamente acercarse al Estado para conciliar, al percibir que mantener las demandas activas les permitirá obtener mayores beneficios a largo plazo.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) analiza actualmente propuestas de conciliación que serán evaluadas a nivel presidencial para determinar su impacto en las finanzas del Estado.
El titular de la PGR fue contundente al calificar estas prácticas como un patrón de utilización de mecanismos legales para maximizar recursos a expensas del erario público, subrayando la urgencia de fortalecer la supervisión de contratos y demandas con el fin de proteger el patrimonio nacional.
