Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La fractura entre Procuraduría y Fiscalía se hizo pública y explícita este martes. Aspra no guardó distancia diplomática: «Con el mismo fiscal sabemos que no vamos a llegar a ningún lado». La calificación fue contundente —una persona que no está haciendo absolutamente nada— y el diagnóstico, desolador: «Estamos ante el desamparo».
La PGR, explicó el Procurador, vive una paradoja de impotencia. Ciudadanos llegan creyendo encontrar respuestas, pero la institución debe derivarlos al Ministerio Público, donde las expectativas sociales, según Aspra, no encuentran respuesta. La solución, proyectó, está a cuatro años: 2029, cuando Johel Zelaya deje el cargo.
Sobre el juicio político contra el Fiscal General, Aspra fue realista: el tema está sobre la mesa, pero su viabilidad depende de la voluntad de los diputados, factor que no controla.
La desconfianza en la Fiscalía actual trasciende las palabras. Aspra reveló que la PGR no puede avanzar en investigaciones de peso por la inacción del MP. El caso Hondutel ejemplifica el bloqueo: 500 millones de lempiras en demandas a proveedores, sumados a «convenios raros» con el Patronato Nacional de la Infancia (Pani), permanecen en revisión sin informe final porque se espera un nuevo Ministerio Público que sí atienda.
El costo del desamparo es cuantificable: 24 mil millones de lempiras comprometidos en demandas diversas, incluyendo procesos ante el CIADI y reclamos laborales. Aspra denunció que cuatro bufetes monopolizan la mayor parte de las demandas laborales contra el Estado, aunque existen múltiples actores con reclamos similares.
La transparencia también se volvió hacia adentro. Aspra anunció que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizará una auditoría a la PGR para verificar el uso de recursos en la oficina que dirige. El gesto busca, quizás, diferenciar su gestión de la que critica, mientras el 2029 se erige como fecha lejana de esperanza institucional.
