Tegucigalpa – El procurador general de la República, Manuel Díaz Galeas, defendió la decisión de la administración de Xiomara Castro de denunciar el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), calificando como una «falacia» la idea de que pertenecer al organismo sea indispensable para atraer inversión extranjera.
– Pese a estos argumentos, el nuevo presidente del Banco Central, Roberto Lagos, confirmó que Honduras ya solicitó formalmente su reingreso, un proceso que tardará tres meses y es visto por expertos como una señal positiva para la inversión.
Estas declaraciones surgen justo cuando el nuevo gobierno de Nasry Asfura ha revertido la política exterior al solicitar formalmente el retorno a dicha instancia internacional.
Díaz Galeas explicó que la salida de Honduras, formalizada en agosto de 2024, respondió a una estrategia de defensa frente a una coyuntura inédita. Según el funcionario, el país enfrentaba una «avalancha» de 18 demandas internacionales antes de la denuncia; tras la salida, solo se registró un nuevo proceso.
«Los datos reflejan por sí mismos la efectividad de la decisión», afirmó el procurador, subrayando que el CIADI no respetó el requisito de agotar las instancias internas establecido por Honduras en 1988.
En contraste con la postura de la procuraduría saliente, el nuevo presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, confirmó que el reingreso ya ha sido gestionado, aunque advirtió que la formalización podría tardar unos tres meses. Para diversos expertos, esta reincorporación es una medida acertada que envía un mensaje de reglas claras a la comunidad internacional, beneficiando directamente el clima de inversión en el país.
Mientras el debate sobre la soberanía y la seguridad jurídica continúa, el Congreso Nacional se prepara para nombrar el próximo lunes al nuevo titular de la PGR, quien deberá liderar la transición legal en este retorno al sistema de arbitraje internacional.
Díaz Galeas, por su parte, citó el ejemplo de Brasil como el mayor receptor de inversión en la región sin ser miembro del CIADI, cuestionando la necesidad de volver al organismo.
La decisión del gobierno de Asfura marca un giro radical en la política de protección del Estado, priorizando la alineación con los estándares internacionales de arbitraje como mecanismo para recuperar la confianza de los mercados extranjeros.
