Tegucigalpa, M.D.C., Honduras. — Este viernes se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo que modifica el artículo 3 del decreto 282-2010, despojando a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, de sus facultades administrativas exclusivas en materia de personal del Poder Judicial.
La reforma establece que la selección, nombramiento, ascenso, traslado y permuta de jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo ya no será decisión unilateral de la presidencia de la CSJ. En su lugar, estas funciones serán ejercidas por la Presidencia previo aprobación del Plan Operativo Anual (POA) por parte del pleno de magistrados, con la obligación de rendir informes trimestrales sobre su ejecución.
En cuanto a las facultades disciplinarias y los despidos, el pleno de la CSJ deberá aprobar un mecanismo específico en el que al menos tres magistrados propietarios conozcan los procedimientos, garantizando siempre el derecho de defensa y el debido proceso.
El decreto precisa que las decisiones del pleno serán válidas cuando obtengan el voto favorable de al menos la mitad más uno de los 15 magistrados (es decir, mínimo 8 votos afirmativos), y deberán ser cumplidas o ejecutadas por quien corresponda en un plazo máximo de 10 días.
La publicación subraya que esta modificación no implica una reforma constitucional, ya que se trata de una disposición transitoria de rango legal, de carácter accesorio, instrumental y subordinado al orden constitucional, por lo que no altera la estructura fundamental del Poder Judicial.
Con esta reforma, el Congreso Nacional busca redistribuir y colegiar las decisiones administrativas dentro de la Corte Suprema, promoviendo mayor control colectivo y transparencia en la gestión del personal judicial, en un contexto donde el equilibrio de poderes y la independencia judicial siguen siendo temas de amplio debate en el país.
