Tegucigalpa – Los pueblos indígenas de La Mosquitia se movilizan en una histórica protesta contra el proyecto gubernamental de construir un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en Mocorón, mientras el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advierte sobre la obligatoriedad de realizar una consulta previa según acuerdos internacionales.
«La Mosquitia no se toca», proclaman los representantes indígenas que se han trasladado hasta Mocorón para manifestar su rechazo unánime al proyecto penitenciario. Los pobladores, que mantienen una sesión permanente en defensa de su territorio, señalan que la región arrastra una deuda histórica de desarrollo por parte de los sucesivos gobiernos.
El Conadeh ha intervenido en el conflicto recordando al Estado hondureño sus compromisos internacionales, particularmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Según el organismo, cualquier proyecto que afecte territorios indígenas requiere obligatoriamente una consulta previa, libre e informada con las comunidades afectadas.
«El Estado debe garantizar el derecho a la consulta en todas las fases de planeación y desarrollo», señala el comunicado del Conadeh, subrayando que este proceso debe realizarse de buena fe y con el objetivo de alcanzar acuerdos que respeten la identidad cultural de los pueblos involucrados.
La controversia pone de manifiesto la tensión entre los planes de desarrollo gubernamental y los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, evidenciando la necesidad de establecer mecanismos de diálogo que garanticen el respeto a la autonomía territorial de las comunidades misquitas.
Los pobladores permanecen en alerta y reiteran su oposición a la construcción de la megacárcel «en Mocorón y en ninguna parte de nuestro territorio», manifestando su determinación de defender sus derechos colectivos frente a decisiones unilaterales del Estado.