La acusación constitucional por peculado contra el presidente Guillermo Lasso, que fue la única que aprobó la Corte Constitucional, hace referencia al manejo de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) una de las empresas públicas más grandes, que tiene el monopolio del transporte del crudo ecuatoriano. En 2021, la Contraloría encontró una serie de irregularidades cometidas en el gobierno de Lenin Moreno, que no habrían sido corregidas por Lasso a pesar de denuncias públicas.
La posibilidad de que Guillermo Lasso haya facilitado un peculado por omisión, al no haber intervenido a tiempo en el manejo de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) en donde se había denunciado un contrato de asociación con navieras internacionales que perjudicaría al Estado, fue la única causal que la Corte Constitucional consideró creíble en el pedido de juicio político que adelanta la oposición en la Asamblea Nacional.
Por Plan V
Las denuncias del ex gerente de la Flopec, Jhonny Estupiñán, quien habría sido removido de su cargo, ya en esta administración, por intentar terminar un contrato que sería lesivo para el país, firmado en tiempos de Lenin Moreno, no habrían sido atendidas oportunimente por este Gobierno y ello podría conducir a la responsabilidad política de Lasso.
Uno de los elementos que se han presentado como prueba de que se ha cometido un perjuicio contra el Estado, por lo menos desde 2018, con el manejo de los buques de la Flopec, es un informe emitido por la Contraloría en noviembre de 2021, en donde se consigna un examen especial realizado a las operaciones de la Flopec con navieras internacionales y brokers del extranjero, para la contratación de buques bajo el esquema conocido como fletamiento por tiempo (en inglés time charter) que consiste en arrendar buques tanqueros para el transporte de petróleo y derivados, que no necesariamente forman parte de la flota propia de la Flopec.
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