Tegucigalpa.- ¿Fue realmente la falta de equipos Starlink en el mercado global lo que llevó a Smartmatic a tomar una «decisión firme e irrevocable» de abandonar la licitación electoral, o las tensiones internas del CNE y las denuncias públicas sobre presiones indebidas terminaron por alejar a la empresa tecnológica?
La respuesta podría encontrarse en el comunicado oficial que Smartmatic envió el 23 de octubre al CNE, donde la empresa justifica técnicamente su retiro, pero evita mencionar las controversias políticas que rodearon su participación en el proceso.
La versión oficial: problemas de suministro global
Según el documento dirigido a la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE), Smartmatic intentó conseguir 800 equipos Starlink, 200 unidades más de las inicialmente ofrecidas el 21 de octubre, con entrega escalonada: los primeros en 10 días y el resto en 10 días posteriores.
«La escasa disponibilidad internacional de los equipos solicitados por el CNE hizo extremadamente difícil, por no decir imposible, contar con ellos en los tiempos que son requeridos para su preparación, pruebas, optimización y demás responsabilidades técnicas», explica la empresa en su comunicación oficial.
Smartmatic enfatizó que un «proveedor de tecnología responsable» debe garantizar el éxito de un proceso de alta criticidad como una elección nacional, sugiriendo que los riesgos técnicos superaban su capacidad de cumplimiento.
¿Coincidencia temporal o presión política?
Sin embargo, el retiro se produce exactamente después de que la consejera Cossette López denunciara públicamente haber recibido amenazas del consejero Marlon Ochoa durante una sesión del pleno del CNE, precisamente por oponerse a la adjudicación del contrato a Smartmatic.
López había revelado que abandonó la sesión luego de que Ochoa le advirtiera que presentaría denuncias ante el Ministerio Público si el contrato no era adjudicado a la empresa tecnológica, pese a que otras ofertas eran más económicas.
Las preguntas sin respuesta
¿Por qué Smartmatic no mencionó en su comunicado las tensiones públicas que rodearon el proceso? ¿Fue casualidad que decidieran retirarse justo después de que las presiones internas del CNE se hicieran públicas?
¿Cómo explica la empresa que inicialmente había presentado una oferta con equipos disponibles, pero súbitamente descubrió la «escasa disponibilidad internacional» precisamente cuando el proceso se volvió mediáticamente controversial?
El contexto que no aparece en el comunicado
Lo que Smartmatic no menciona es que su oferta de L. 85,999,960.00 era significativamente superior a la de Consorcio Reytel-Ufinet (L. 64,665,300.00), una diferencia de más de 21 millones de lempiras que había generado cuestionamientos internos.
Tampoco hace referencia a las denuncias de López sobre el manejo irregular de información por parte de Ochoa, ni a las acusaciones cruzadas entre consejeros que paralizaron las decisiones del organismo electoral.
Un retiro que genera más interrogantes
Smartmatic mantiene su agradecimiento al CNE por la participación y desea éxito en los preparativos electorales, pero su salida deja al organismo sin proveedor para el sistema de conectividad satelital crucial para la transmisión de resultados.
¿Podrá el CNE encontrar un nuevo proveedor en el tiempo limitado que resta para las elecciones? ¿O esta crisis refleja problemas más profundos en la gestión del proceso electoral hondureño?
La empresa califica su decisión como «firme e irrevocable», pero mantiene su participación en el área de biometría, generando interrogantes sobre la coherencia entre retirarse de un contrato por problemas de suministro mientras continúa en otro.
Las consecuencias de un proceso contaminado
El retiro de Smartmatic evidencia cómo las presiones políticas y los conflictos internos pueden contaminar procesos técnicos, llevando a empresas a evitar participar en licitaciones que se han vuelto mediáticamente polémicas.
La pregunta final que queda es si Honduras podrá garantizar un sistema confiable de transmisión electoral cuando las controversias internas han llegado al punto de alejar a proveedores tecnológicos necesarios para la credibilidad del proceso democrático.
