Tegucigalpa – Carlos Hernández, presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), ha lanzado serios cuestionamientos sobre los verdaderos operadores de la empresa Koriun Inversiones, invitando a la ciudadanía hondureña a preguntarse «¿quiénes están detrás de Koriun?», sugiriendo que existen poderosos intereses que habrían permitido su funcionamiento.
El dirigente de la organización de transparencia calificó como «absurdas» las declaraciones emitidas por funcionarios gubernamentales que han garantizado la devolución del dinero a los miles de afectados. «¿Cómo van a garantizar (la devolución del dinero) si no es una empresa regulada por el sistema financiero nacional? Entonces es absurdo lo que dicen», señaló tajantemente.
Hernández manifestó su extrañeza ante ciertas anomalías en el manejo del caso. «Hay algo raro en Koriun y no puede ser posible que incauten 50 mil dólares y no capturen a nadie», expresó, refiriéndose al hallazgo de dinero en efectivo encontrado en el vehículo del administrador de la empresa, incidente que no derivó en detenciones.
El representante de ASJ describió el modelo de negocio de Koriun como insostenible, señalando que la empresa ofrecía rendimientos extraordinariamente altos del 5% semanal (equivalente al 20% mensual) mientras operaba sin licencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Según explicó, la empresa captaba dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, una práctica financiera conocida como esquema Ponzi, cuyo colapso eventualmente resulta inevitable.
Con especial énfasis, el presidente de ASJ insistió en que la ciudadanía debe cuestionarse seriamente sobre quiénes fungían como asesores de Koriun, insinuando conexiones con círculos de poder. «Aquí hay gente grande, hay algún poderoso. Esos negocios no se hacen en Honduras si no se cuenta con poder económico y político», sentenció.
Las declaraciones de Hernández agregan una nueva dimensión a la controversia que rodea a Koriun Inversiones, sugiriendo que el caso podría ir más allá de una simple estafa financiera y podría involucrar redes de influencia que habrían permitido que la empresa operara sin supervisión adecuada durante un periodo prolongado, captando fondos de miles de hondureños que ahora temen perder sus ahorros.
La situación continúa desarrollándose mientras autoridades financieras y judiciales intentan establecer mecanismos para identificar a los afectados y proceder con la devolución de los fondos disponibles, en medio de crecientes protestas de los aportantes.
