Tegucigalpa, Honduras. – El exalcalde de Choluteca, Quintín Soriano, rechazó cualquier responsabilidad de su administración en las supuestas irregularidades relacionadas con embargos y documentos falsificados, luego de los señalamientos surgidos en torno al presunto fraude millonario contra el Estado mediante expedientes judiciales alterados.
Soriano se pronunció en una entrevista exclusiva para HCH Meridiano, donde aseguró que es uno de los principales interesados en que se realice una investigación formal y exhaustiva sobre la presunta falsificación de firmas, sellos y documentos legales utilizados para promover demandas laborales.
El caso tomó relevancia después de que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) revelara un informe de investigación especial penal sobre un presunto esquema de fraude mediante 13 embargos falsificados, que habrían provocado un perjuicio económico de 32,545,791.88 lempiras a la Cuenta Única del Estado en el Banco Central de Honduras.
Según ese informe, los expedientes simulaban demandas laborales contra la Alcaldía Municipal de Choluteca, utilizando exhortos judiciales sin respaldo documental real para ejecutar embargos y trasladar fondos públicos hacia cuentas judiciales.
Ante esos señalamientos, Soriano afirmó categóricamente que durante su administración no se pagaron embargos desde los ingresos corrientes de la municipalidad.
El exjefe edilicio explicó que los ingresos municipales estaban protegidos bajo un fideicomiso, por lo que, según su versión, no podían ser afectados directamente por ese tipo de procedimientos.
De acuerdo con Soriano, los embargos no impactaban las arcas municipales, sino las transferencias gubernamentales provenientes del Banco Central de Honduras.
Con ese argumento, el exalcalde buscó marcar distancia entre las operaciones cuestionadas y el manejo financiero de su administración municipal.
Soriano también respondió a las acusaciones sobre la supuesta falsificación de firmas y sellos en documentos utilizados para promover demandas laborales.
Lejos de rechazar una investigación, afirmó que él mismo es la “parte más interesada” en que las autoridades aclaren quiénes participaron en esos hechos y cómo se habrían elaborado o tramitado los documentos cuestionados.
El exalcalde insistió en que cualquier señalamiento debe ser llevado por la vía institucional y no únicamente a través de declaraciones públicas o denuncias mediáticas.
En ese sentido, cuestionó a la actual administración municipal de Choluteca y pidió que, si existen pruebas o indicios, se presenten formalmente ante los órganos contralores del Estado.
Soriano instó al actual alcalde a acudir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas, en lugar de utilizar los medios de comunicación para denunciar presuntas irregularidades.
A su criterio, son esas instituciones las que deben determinar si hubo falsificación de documentos, quiénes se beneficiaron y qué responsabilidades corresponden.
El exedil también aseguró que está disponible para colaborar con las autoridades en cualquier investigación relacionada con su gestión.
Recordó que durante su administración el Tribunal Superior de Cuentas realizó auditorías constantes, por lo que afirmó no tener inconveniente en responder o aclarar cualquier duda sobre el manejo municipal de ese período.
El pronunciamiento de Soriano se suma al debate abierto por el presunto esquema de embargos falsos, en el que el TSC identificó expedientes supuestamente fabricados, exhortos sin respaldo, sellos y firmas falsificadas, así como posibles fallas de verificación dentro del sistema judicial.
El abogado Kenneth Madrid también advirtió recientemente que el Ministerio Público debe actuar con rapidez para individualizar responsabilidades y rastrear la ruta del dinero antes de que los fondos desviados se pierdan definitivamente.
Para Madrid, el caso no solo requiere acciones penales, sino también investigaciones disciplinarias dentro del Poder Judicial y eventuales sanciones a profesionales del derecho que pudieran estar involucrados.
En medio de ese escenario, Soriano sostuvo que los procesos deben seguir su curso legal y que las responsabilidades, si las hay, deben ser establecidas por las instituciones competentes.
El exalcalde restó importancia a las fricciones personales con la actual administración local y aseguró que actualmente se mantiene enfocado en su vida como ciudadano y emprendedor.
El caso continúa bajo atención pública por el impacto económico señalado por el TSC y por las dudas sobre cómo documentos presuntamente falsificados lograron avanzar dentro de procesos judiciales hasta derivar en la extracción de más de 32.5 millones de lempiras de recursos estatales.
Ahora, el reto para las autoridades será determinar si las irregularidades fueron fabricadas externamente, si hubo participación de abogados, funcionarios o servidores judiciales, y si la Municipalidad de Choluteca fue utilizada como parte de un esquema para ejecutar embargos sin respaldo real.
