Tegucigalpa, Honduras – Un grupo de ciudadanos realizó esta noche una vigilia cívica en Tegucigalpa para defender el estado de derecho, la alternabilidad en el ejercicio del poder y la legitimidad de los resultados electorales del 30 de noviembre de 2025, en medio de una creciente ola de tensiones políticas y actos de violencia institucional.
La diputada electa por el Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía, participó en la movilización y advirtió que “las amenazas a la democracia en Honduras continúan”, a pesar de que ya se realizaron las elecciones y se han cumplido los plazos constitucionales para la declaratoria de resultados.
“Aunque el proceso electoral ya concluyó con la proclamación de los ganadores, este grupo que gobierna —y que está al frente del Congreso Nacional— ha venido realizando, durante tantos meses, acciones para socavar la democracia”, afirmó la profesional del derecho.
Mejía denunció que “personajes políticos obligados a respetar la ley son los primeros que la alteran y la mantienen en zozobra”, en clara alusión al presidente del Congreso, Luis Redondo, y a sectores del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
En particular, condenó el hostigamiento contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, y reveló que “el fiscal general, Johel Zelaya, emitió ayer una orden de captura improcedente contra la consejera Cossette López Osorio”, en lo que consideró un intento de “mantener a las personas asustadas” y “descarrilar los procesos legales”.
La diputada electa fue más allá al calificar las acciones de Redondo y sus aliados como “traición a la patria”: “Es inconcebible que ayer, en el Congreso, se haya perfeccionado el delito de traición a la patria. Allí había personas inteligentes siguiendo directrices nefastas de este señor (Luis) Redondo”, señaló.
La vigilia, realizada en un ambiente de respeto y exigencia ciudadana, refleja la preocupación de amplios sectores de la sociedad civil por la integridad del proceso de transición democrática, a solo 18 días de la investidura del presidente electo, Nasry Asfura, y en medio de intentos por anular los comicios mediante decretos legislativos sin respaldo constitucional.
Los participantes exigieron respeto a la voluntad popular, protección a las autoridades electorales y rechazo a cualquier forma de violencia política o institucional, en un mensaje claro: la democracia hondureña no se negocia.
