Rector de la UNAH alerta sobre «lawfare» y fabricación de expedientes con sesgo ideológico en Honduras

Odir Fernández advirtió que el sistema judicial está siendo instrumentalizado como arma política para deslegitimar adversarios bajo apariencia de legalidad. Señaló que el proceso judicial se ha convertido en un escenario de manipulación estratégica y criminalización de la disidencia.

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Tegucigalpa.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, alertó que bajo el término de «lawfare» se están fabricando expedientes y causas penales con sesgo ideológico, y se está criminalizando la disidencia, la prensa y el liderazgo social.

A través de sus redes sociales, Fernández detalló que «el lawfare» es la instrumentalización del Derecho y del sistema judicial como arma política de poder, utilizada para deslegitimar, neutralizar o eliminar adversarios bajo la apariencia de legalidad.

Agregó que, en términos garantistas, constituye una distorsión profunda del estado de derecho: el proceso judicial deja de ser un espacio de búsqueda de verdad y justicia, para convertirse en un escenario de manipulación estratégica, donde el Derecho se emplea como mecanismo de persecución, desgaste o exclusión.

«Judicialización de la política y politización de la justicia»

«El lawfare se expresa en la judicialización de la política y la politización de la justicia, en la filtración mediática de expedientes, en la fabricación de causas penales con sesgo ideológico, y en la criminalización de la disidencia, la prensa y el liderazgo social«, apuntó el rector.

El pronunciamiento de Fernández se produce en un contexto de creciente tensión institucional en Honduras, marcado por denuncias de persecución política, investigaciones contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y cuestionamientos sobre la autonomía del Ministerio Público.

La advertencia del rector de la UNAH pone sobre la mesa el debate sobre los límites del sistema de justicia y su uso como herramienta de control político, especialmente en vísperas de las elecciones generales del 30 de noviembre, cuando múltiples actores políticos y sociales han denunciado acciones que consideran orientadas a silenciar voces críticas o neutralizar adversarios mediante procesos judiciales.

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