Tegucigalpa – El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, declaró este miércoles que los casos investigados no son seleccionados, más bien son asignados.
Santos es consciente de que algunos requerimientos sean catalogados de “persecución política” y que siempre tratarán de desprestigiar la acción fiscal.
Al respecto, señaló que el caso denominado “Red de Corrupción en el Congreso” es investigado desde hace tres años y contiene casi ocho mil folios de prueba.
Según la relación de hechos, los involucrados se coludieron para crear ONG supuestamente para proyectos de microempresas y generación de empleo, pero al final desviaron 18 millones 950 mil lempiras entre los años 2013 y 2017.
En ilación, el fiscal calificó a ciertas ONG como “monstruos de la corrupción” y refirió que el caso de los diputados es difícil, pero “no de los más grandes”.
Reveló que en la Uferco hay diferentes líneas de investigación como resultado de los casos que en su momento identificó la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
“Los casos que conocemos nosotros no los seleccionamos, a nosotros se nos asignó la investigación de los mismos. El hecho que algunos se refieran a persecución política no es novedad, pues el que se siente perjudicado siempre alegará que es persecución política”, argumentó.
El jefe de la Uferco indicó que tienen toda la documentación y diligencias que sostienen cada uno de los aspectos de saqueo y operaciones fraudulentas cometidas.
“Nosotros no presentamos los requerimientos de manera antojadiza, sino que cada acto que hacemos referencia es porque está acreditado en el requerimiento y son casi ocho mil folios los que acompañan de prueba”, aseveró.
“Algunas personas tratan de destruir este tipo de acciones diciendo que es persecución política, pero no es así y ni tenemos la culpa que salgan personas que son parte de algún partido político incluidos en requerimientos”, agregó.
Subrayó que alguien pudo cometer muchos delitos, pero las imputaciones son basadas en lo reconstruido y lo que se pueda probar ante la autoridad competente.
“Las acciones penales se interponen de acuerdo a las pruebas que se han podido reconstruir, pero eso no impide que se pueda ampliar si en su momento sale algún nuevo medio de prueba o elemento particular”, explicó.
Arguyó que la Uferco solo es parte del sistema de justicia y para hacerla efectiva, ahora corresponde a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ejecutar acciones.
“Hemos cumplido con interponer la acción, pero ahora nos toca defenderla ante los tribunales y requerimos de la voluntad de otro actor importante que son los jueces”, puntualizó Santos.
