Tegucigalpa – Este jueves, la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) expresó su creciente preocupación ante las recientes posturas del Poder Ejecutivo en relación con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Honduras.
La RDD, un espacio ciudadano no partidario, hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro a responder a las demandas de justicia de los hondureños y honrar el compromiso de combatir el crimen, que fue clave en su victoria electoral de noviembre de 2021.
En su pronunciamiento, la RDD instó a que las decisiones del gobierno se tomen en función de los intereses de la nación, dejando de lado influencias políticas o personales.
El grupo, compuesto por 17 organizaciones de la sociedad civil, iglesias, academia y el sector privado, también se sumó a las voces que piden revertir la denuncia del Tratado de Extradición, argumentando que este instrumento ha sido crucial para debilitar las estructuras criminales en el país y llevar a narcotraficantes ante la justicia de Estados Unidos.
“La denuncia del tratado ha generado un rechazo masivo entre los ciudadanos, quienes lo perciben como un retroceso a tiempos oscuros y contrario a las promesas de campaña”, señala el comunicado.
Además, la RDD exigió claridad sobre el rol de la actual secretaria de Defensa y precandidata presidencial, Rixi Moncada, subrayando el posible conflicto de interés que representa su influencia en las Fuerzas Armadas de cara a las próximas elecciones.
La plataforma también solicitó una investigación independiente sobre la implicación de funcionarios y exfuncionarios en delitos de narcotráfico, sin importar su afiliación política, para garantizar que los responsables no queden en la impunidad y que la justicia se aplique de manera imparcial.
Finalmente, la RDD recordó que la ciudadanía sigue esperando la implementación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una promesa de campaña que, según la organización, no puede ser ignorada.
La red también hizo un llamado a los diputados del Congreso Nacional a defender el Estado de derecho y al Consejo Nacional Electoral (CNE) a garantizar un proceso electoral transparente y justo.
Este pronunciamiento llega en un momento crítico para Honduras, en el que la sociedad civil reclama mayor firmeza en la lucha contra el narcotráfico y un compromiso claro con la justicia y la democracia.
