Tegucigalpa – El Observatorio sobre el Estado de la Democracia en Honduras, coordinado por la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), ha emitido un informe que destaca las graves violaciones en el proceso electoral y el estado de derecho en el país.
El documento subraya la profunda preocupación ciudadana por la falta de transparencia en las elecciones, el constante asedio al espacio cívico, el debilitamiento del estado de derecho y la ineficiencia gubernamental en satisfacer las necesidades básicas de la población.
En el contexto de una alarmante regresión en derechos y libertades fundamentales, la RDD insta al gobierno a adoptar medidas concretas y urgentes en varias áreas críticas:
Proceso electoral en riesgo
La transparencia de las próximas elecciones se encuentra en riesgo debido a la falta de financiamiento para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Política Limpia (UPL).
Estos organismos necesitan recursos para implementar sistemas esenciales como el de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el sistema biométrico.
La RDD resalta la importancia de una veeduría ciudadana activa y la participación de la sociedad civil para garantizar la integridad del proceso electoral.
Asedio al espacio cívico y ataque a la libertad de expresión
El informe también denuncia una escalada en ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.
Más de 170 defensores han sido asesinados entre 2014 y 2023, y se han documentado 289 agresiones contra periodistas en los últimos tres años, según el informe Situación de los Derechos Humanos de la Oficina en Honduras de las Naciones Unidas (OHCHR).
La RDD pide una investigación independiente con apoyo internacional sobre estos casos, así como directrices que prohíban a los funcionarios utilizar sus posiciones para intimidar o amenazar a defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil.
El contexto de violencia se refleja en el vil asesinato de la ambientalista hondureña, Juan López, que evidencia el peligro al que están expuestos quienes luchan por la justicia y la libertad de expresión en el país.
Además, se reportan más de 800 personas desaparecidas en lo que va de 2024, lo que intensifica el clima de represión.
La censura gubernamental y la cancelación de programas en medios de comunicación afectan directamente a periodistas y comunicadores, limitando el acceso a información y la libertad de prensa.
La RDD insiste en la necesidad de que el gobierno hondureño tome medidas urgentes para asegurar elecciones limpias, respetar los derechos humanos y restablecer el estado de derecho, reafirmando el compromiso con la democracia y la protección de quienes trabajan por la justicia y la libertad en Honduras.
Desmoronamiento del Estado de Derecho en Honduras
La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) ha denunciado un preocupante debilitamiento del estado de derecho en Honduras. La cancelación del tratado de extradición y el incumplimiento de la promesa de instalar la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) son ejemplos de decisiones que minan la justicia y aumentan la impunidad.
Además, la RDD se ha alarmado por la prolongación del estado de excepción, que hasta la fecha se ha extendido a 694 días, limitando las libertades fundamentales de los hondureños.
En esta crisis, la RDD critica el rol de figuras estatales en el proceso político y electoral, destacando la participación de Rixy Moncada, quien, como la Fuerzas Armadas, ha sido escenario de graves conflictos de interés, ejemplificando las intervenciones en el proceso electoral.
La RDD insiste en que las Fuerzas Armadas deben actuar con imparcialidad y no intervenir en asuntos políticos, subrayando la urgencia de restablecer el tratado de extradición, asegurar la instalación de la CICIH, y poner fin al estado de excepción.
Gobernabilidad y respuesta a necesidades básicas
La RDD también advierte sobre la falta de estrategias gubernamentales eficaces para atender las necesidades urgentes de la ciudadanía hondureña, como la creación de empleo, la reducción de la inflación y el fortalecimiento de la seguridad.
El informe destaca que el 11 % de los hogares en Honduras se ven obligados a pagar extorsión, una situación insostenible que agrava la pobreza y pone en riesgo la seguridad de la población.
En los últimos tres años, se han registrado más de 3,000 personas desaparecidas, lo que resalta la crisis de seguridad en el país.
La RDD insta al gobierno a colaborar con la sociedad civil para desarrollar políticas públicas que aborden estos desafíos de manera integral, promoviendo el bienestar y los derechos fundamentales de los hondureños.
Compromiso de Monitoreo
Las organizaciones y sectores que integran la Red por la Defensa de la Democracia reiteran su compromiso de monitorear y denunciar cualquier acto que atente contra los principios democráticos en Honduras.
Los hondureños merecen instituciones que garanticen sus derechos fundamentales, respetando la participación de la sociedad civil y asegurando una administración comprometida con la transparencia y la justicia.
