Tegucigalpa, Honduras – La pugna entre oficialismo y oposición en el Congreso Nacional alcanza un nuevo nivel de confrontación con el anuncio de medidas extraordinarias para asegurar la continuidad del trabajo legislativo. El presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, reveló la noche del lunes en cadena nacional de radio y televisión una estrategia integral para impedir el bloqueo parlamentario, advirtiendo que instalará su propio Congreso y suplantará a diputados de la oposición si fuera necesario.
La propuesta de Redondo se fundamenta en un sistema escalonado de sustituciones que contempla tres modalidades específicas de reemplazo legislativo. En el primer escenario, la ausencia del diputado propietario activaría automáticamente la participación del diputado suplente correspondiente. El segundo nivel involucra la sustitución por otro diputado suplente de la misma bancada cuando tanto el propietario como su suplente directo se ausenten de las sesiones.
El mecanismo más controvertido corresponde al tercer escenario, donde Redondo se atribuye la facultad de nombrar diputados suplentes de cualquier bancada cuando no se presenten el diputado propietario, ni suplente, ni existan diputados suplentes disponibles de la misma fracción política. Esta medida garantizaría, según el funcionario, que «el quórum o mayoría simple, es decir 65 diputados, no será roto» independientemente de la estrategia opositora.
La justificación legal de estas acciones se basa en disposiciones constitucionales y la Ley Orgánica del Congreso Nacional, específicamente el artículo seis de esta última normativa. Redondo enfatizó que «es obligación de los diputados estar presentes en todas las reuniones del pleno» y acusó a la oposición de buscar deliberadamente romper el quórum para impedir la aprobación de decretos favorables a la población.
Paralelamente, el presidente legislativo denunció la existencia de una «campaña mediática de difamación de las actas del Congreso Nacional» dirigida a ocultar «los abusos y excesos de las administraciones anteriores». Redondo defendió las modificaciones implementadas en el proceso de elaboración de actas, criticando prácticas pasadas donde se «normalizó la modificación, reforma y alteración del decreto ya aprobado en el momento de aprobación del acta de la sesión».
El funcionario concluyó categóricamente que «no es cierto que primero se deba aprobar el acta para que un decreto ya votado sea enviado a sanción», estableciendo una nueva interpretación del procedimiento legislativo que promete generar mayor controversia política.
