Tegucigalpa.- En una maniobra política de alta tensión, la Junta Directiva del Congreso Nacional liderada por Luis Rolando Redondo Guifarro desafió frontalmente la autoconvocatoria opositora e instaló formalmente la Comisión Permanente durante una sesión nocturna del 31 de octubre, consolidando el control oficialista sobre el poder legislativo en las semanas críticas previas a las elecciones generales.
La decisión, que entra en vigencia este 1 de noviembre de 2025, ignoró deliberadamente los esfuerzos de diputados opositores que habían promovido una autoconvocatoria alternativa para evitar precisamente la conformación de este órgano que concentrará las funciones parlamentarias durante el período electoral.
Fundamento constitucional y procedimiento
La Junta Directiva sustentó la instalación en el artículo 207 de la Constitución de la República y el numeral 2 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, resolviendo «designar e instalar la Comisión Permanente del Congreso Nacional, que será el órgano que ejercerá las funciones y atribuciones que señala la Constitución de la República».
El procedimiento se ejecutó durante una reunión convocada por Redondo para las 9:00 de la noche, consumándose en el Salón de Retratos de la Junta Directiva, donde se firmó la resolución con fecha 31 de octubre y vigencia inmediata desde el 1 de noviembre.
La resolución fue rubricada con la leyenda «Publíquese» seguida de las firmas de Luis Rolando Redondo Guifarro como presidente y Hugo Rolando Noé como primer vicepresidente, formalizando el acto institucional.
Composición estratégica del órgano permanente
La Comisión Permanente quedó integrada por nueve miembros propietarios: Luis Redondo, Hugo Noé Pino, Angélica Smith, Juan Barahona, Osman Chávez, Fabricio Sandoval, Carlos Raudales, Karen Martínez y Silvia Bessy Ayala.
Como suplentes fueron designados Kritza Pérez, Sherly Arriaga, Linda Donaire y Edgardo Casaña, estableciendo una estructura que garantiza el control oficialista sobre las decisiones legislativas durante el período electoral crítico.
Esta composición otorga al partido Libre y sus aliados el control absoluto sobre las funciones parlamentarias, incluyendo nombramientos institucionales, aprobación presupuestaria y decisiones que podrían impactar el desarrollo de las elecciones del 30 de noviembre.
Amenazas de consecuencias legales
El diputado del PSH, Carlos Umaña, reaccionó inmediatamente con una advertencia contundente: «Los delitos de traición a la patria no prescriben y pronto lo pagarán», evidenciando la gravedad con que la oposición interpreta la maniobra institucional.
Esta amenaza sugiere que sectores opositores consideran la instalación de la Comisión como un acto inconstitucional que podría configurar delitos contra el orden democrático, estableciendo precedentes para futuras acciones legales.
Las declaraciones de Umaña reflejan la escalada de tensiones institucionales y la polarización sobre la legitimidad de los procedimientos parlamentarios en el contexto preelectoral.
Consolidación del control institucional
La instalación de la Comisión Permanente representa la consolidación del control oficialista sobre el poder legislativo, después de semanas de crisis donde la oposición había logrado ciertos avances mediante autoconvocatorias y presiones institucionales.
Este órgano tendrá capacidad para tomar decisiones cruciales durante las últimas semanas antes de las elecciones, incluyendo nombramientos en instituciones clave, aprobación de medidas presupuestarias y resoluciones que podrían influir en el desarrollo electoral.
La maniobra neutraliza efectivamente los esfuerzos opositores de mantener sesiones ordinarias que permitieran mayor participación en las decisiones parlamentarias durante el período electoral.
Implicaciones para la crisis democrática
La decisión de Redondo de proceder pese a la autoconvocatoria opositora profundiza la crisis institucional y evidencia el quiebre de los consensos mínimos necesarios para el funcionamiento democrático del poder legislativo.
La instalación nocturna simboliza el deterioro de la institucionalidad parlamentaria, donde las decisiones se toman mediante maniobras que excluyen a sectores significativos de la representación nacional.
Esta situación se suma a las crisis que afectan otros poderes del Estado, incluyendo el CNE, el TJE y el Ministerio Público, configurando un panorama de inestabilidad institucional sin precedentes en la democracia hondureña.
El control absoluto de la Comisión Permanente por parte del oficialismo garantiza que las decisiones de las próximas semanas se tomarán sin la participación ni el consenso de la oposición, consolidando una dinámica de concentración de poder que alarma a observadores democráticos.
