Tegucigalpa, Honduras. – En un intento de última hora antes de dejar el cargo, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presionó este lunes al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que notifique el plazo en el cual dará inicio y concluirá lo ordenado en el Decreto No. 58-2025, la polémica normativa que ordena la repetición de elecciones y el conteo total de votos emitidos.
La solicitud fue dirigida a la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall; a la consejera Cossette López Osorio; y al consejero Marlon Ochoa, apenas un día antes de que asuman las nuevas autoridades legislativas que este martes recibirán sus acreditaciones en el órgano electoral.
El documento representa el seguimiento a una reunión que Redondo mantuvo con diputados de Libre para intentar quebrar el proceso electoral y la voluntad del electorado expresada en las urnas del 30 de noviembre.
Redondo exige que se precise el calendario de ejecución del decreto y, en una advertencia directa, señala que de no atenderse lo solicitado, se deberán iniciar las diligencias necesarias para cumplir con lo establecido en el mismo decreto, dejando entrever posibles acciones coercitivas contra el órgano electoral.
Sin embargo, el decreto legislativo no cuenta con legitimidad ya que el mismo no reunió la presencia mínima de diputados para sostener el pleno y tomar decisiones legales, siendo aprobado con más diputados suplentes que propietarios, sin alcanzar ni la mayoría simple ni la calificada requerida.
Debido a su nacimiento irregular, el Decreto 58-2025 ha generado fuerte rechazo entre diversos sectores hondureños que le han valido la interposición de más de media docena de recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, todos ellos aceptados en la Sala Constitucional de ese poder del Estado, aunque sin suspender el acto reclamado.
El Consejo Nacional Electoral realizó la declaratoria de las elecciones en tiempo y forma el pasado 30 de diciembre para diputados y alcaldes y previamente lo había hecho el 24 de diciembre del 2025 a nivel presidencial, cumpliendo con todos los plazos constitucionales establecidos.
La ley electoral otorga a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) la atribución de hacer el conteo de los votos y en caso excepcional al CNE, pero no al Congreso Nacional, lo que pone en evidencia que Redondo está presionando por la ejecución de un decreto que ordena acciones fuera de las competencias constitucionales del Legislativo.
La presión de Redondo sobre el CNE se produce en medio de un clima de tensión institucional previo al traspaso de gobierno del 27 de enero, cuando asumirá el presidente electo Nasry Asfura, y cuando el propio Redondo dejará la presidencia del Congreso tras haber sido rechazado por el electorado de Cortés en su intento de reelección como diputado.
La magistrada Isbela Bustillo había advertido este lunes que el CNE no está obligado a cumplir lo exigido por Redondo, reafirmando que «ninguna persona puede apoderarse de un espacio jurídico que no le corresponde».
El intento del presidente saliente del Congreso de forzar la ejecución de un decreto cuestionado jurídicamente representa uno de los últimos capítulos de una gestión legislativa marcada por la confrontación, los «madrugones» y las decisiones unilaterales que caracterizaron su paso por el Poder Legislativo.
