Tegucigalpa, Honduras. – La discusión sobre la reforma al sector eléctrico no solo enfrenta el obstáculo de los votos en el Congreso Nacional. Para la organización Sendas, el problema de fondo es que Honduras aún no tiene un responsable claro, con autoridad suficiente, para conducir una transformación estructural del sistema.
En una publicación divulgada este miércoles, la organización señaló que aprobar una ley no basta si no existe liderazgo, coordinación y capacidad real de implementación.
Sendas, una organización hondureña de sociedad civil creada hace un año para aportar análisis rigurosos y propuestas de política pública, sostiene que el debate legislativo evidencia un vacío mayor: la falta de una figura con mandato específico para llevar la reforma desde el papel hasta la práctica.
La reflexión parte de una experiencia conocida. La Ley General de la Industria Eléctrica de 2014 incluyó elementos importantes, pero su ejecución quedó incompleta.
Según el análisis, una norma por sí sola no reduce pérdidas, no profesionaliza juntas directivas ni vuelve viables nuevas empresas dentro del sector eléctrico.
Para que una reforma funcione, plantea Sendas, se requiere consenso nacional y un liderazgo capaz de construirlo.
El documento señala que la transformación demanda alinear intereses y coordinar decisiones financieras, regulatorias, operativas y de inversión en una secuencia viable.
La organización recuerda que países como Guatemala en 1996 y Panamá en 1997 avanzaron en reformas similares porque el Ejecutivo delegó autoridad y formó equipos con funciones definidas para llevar el proceso desde la aprobación de la ley hasta su ejecución.
En Honduras, en cambio, la responsabilidad está dispersa.
El gerente de la ENEE y el comisionado presidente de la CREE cumplen funciones centrales de administración y regulación; la Secretaría de Energía es una entidad pequeña y con limitado peso político; y el ministro de Finanzas carga con las consecuencias fiscales de una deuda creciente.
Para Sendas, esa fragmentación impide que una sola autoridad concentre tiempo, autonomía y capacidad de decisión para conducir la reforma sin conflictos de interés.
El informe también advierte que el sector eléctrico exige una continuidad que la institucionalidad actual no garantiza.
Las gerencias de la ENEE duran, en promedio, menos de 20 meses, mientras que las licitaciones de generación pueden tardar hasta siete años desde la convocatoria hasta la operación.
A esto se suma que la inversión en transmisión requerida ronda los 900 millones de dólares para la próxima década, con rezagos reportados desde 2008.
Las pérdidas de energía, por su parte, superan el 38 % y en 2025 representaron un costo de más de 500 millones de dólares.
Reducir esas pérdidas exige medición, regularización, aplicación efectiva de la ley, tecnología, inversiones y presencia territorial sostenida, apunta el análisis.
Sendas reconoce que la cooperación internacional puede acompañar la reforma, pero advierte que no puede dirigirla.
Sin una contraparte nacional fuerte, con prioridades claras y responsables definidos, ese apoyo corre el riesgo de fragmentarse.
Por eso, la organización plantea la necesidad de una autoridad de implementación con mandato real, dedicación de tiempo completo, autonomía operativa, ausencia de conflictos de interés y rendición de cuentas directa ante el Presidente y el Congreso Nacional.
El perfil requerido, según el documento, depende menos de la especialización técnica y más del peso político, la credibilidad y la capacidad de decisión.
El conocimiento técnico puede venir de un equipo, pero la autoridad para mover al Estado debe recaer en quien lidere el proceso.
Esa persona tendría que ordenar prioridades, destrabar decisiones críticas, mantener coherencia entre los distintos frentes, corregir desvíos y rendir cuentas públicamente.
Sendas aclara que no se trata de buscar una figura providencial, sino de traducir el liderazgo en institucionalidad permanente: decisiones centrales fijadas en la ley, metas públicas, avances reportados y sanciones.
La organización cita reformas exitosas en Chile, Colombia, Guatemala y Panamá, que perduraron porque construyeron una arquitectura institucional capaz de sobrevivir a alternancias de gobierno.
Aunque la propuesta de crear un Comité de Conducción y una Unidad Técnica de Implementación adscrita a la Secretaría de la Presidencia reconoce la necesidad de coordinación desde el centro del Gobierno, Sendas advierte que eso no garantiza por sí solo autoridad ejecutiva.
“La ley puede crear espacios de coordinación; no asegura por sí sola la capacidad para implementar”, resume el planteamiento.
Para la organización, la primera señal pública de que la reforma eléctrica será más que una ley estará en el nombramiento de quien asuma la responsabilidad de ejecutarla.
El perfil y las potestades que se le otorguen revelarán si el Ejecutivo considera la transformación del sector eléctrico una prioridad real o apenas un compromiso formal.
